ª España ocupa el puesto número 36. Con 58 puntos (dos menos que en el anterior índice). España se encuentra, junto a Libia, Australia, Brasil
y Turquía, entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones
en los últimos cuatro años.
ª El Parlamento danés ha establecido un marco legal especialmente estricto
para evitar todo tipo de irregularidades y obliga asimismo a toda empresa
establecida en el país a divulgar sus datos fiscales así como a pagar elevados
impuestos para ayudar al financiamiento del estado de bienestar del que goza el
país.
ª El problema de que en España sea difícil que una Ley de
este tipo funciones, está en la sociedad. Como pueblo, lo nuestro desde hace
siglos ha sido la “picaresca”. Y en esas seguimos.
Según
el último
índice de percepción de la corrupción, elaborado por la organización “Transparencia
Internacional”, Dinamarca es el país
con mayor nivel de transparencia del mundo, seguido
por Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda,
Luxemburgo y Canadá cerrando los diez primeros.
Australia, Alemania, Islandia, Reino Unido, Bélgica,
Barbados y Hong Kong, continúan en el ranking, en el que el primer país latinoamericano que figura es Uruguay que se
ubica en la posición número 21, acompañado por Chile. Argentina
ocupa el lugar 107, detrás de otros países de la región como Bolivia y
México (103) y Colombia (94). Entre los peores del sur del continente aparecen Paraguay
(150) y Venezuela (161). Cierra Somalia como
país menos transparente.
España ocupa el puesto número 36. Con 58 puntos (dos menos que en el anterior índice). España se
encuentra, junto a Libia, Australia,
Brasil y Turquía, entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones en los últimos cuatro años, mientras que Grecia, Senegal y el Reino Unido los
que han mostrado más mejoras.
Los países en las primeras
posiciones presentan características comunes, como un alto nivel de libertad de prensa, acceso a información sobre
presupuestos que permite que los ciudadanos sepan de dónde procede el dinero y
cómo se gasta, altos niveles de integridad entre los cargos públicos y un poder judicial independiente que no
distingue entre ricos y pobres.
Por contra, los países en las últimas posiciones, además de conflictos y guerras, destacan por su deficiente gobernabilidad, unas
instituciones públicas frágiles, como la policía y el poder judicial, y la falta de independencia en los medios de
comunicación.
Un plan de gobierno debería hacerse con la
participación de la sociedad civil. Así está haciendo uno de los últimos en
llegar al club, Irlanda, que dialogará con ciudadanos y organizaciones
durante un año antes de elaborar sus propios compromisos en esta materia. Nueva Zelanda permite que sus ciudadanos evalúen cada seis meses el cumplimiento del gobierno de sus propios compromisos.
Y se ha propuesto que en 2017 puedan realizarse online el 70% de las transacciones y gestiones más habituales con
la Administración.
En el caso del actual
gobierno español, avanza sin consultar a
la sociedad civil, como exigen los estándares internacionales. El Ejecutivo
español ha abierto un proceso de consulta sobre la evaluación del plan de
gobierno pero, según denuncian varios conocedores del proceso, no lo ha publicitado.
¿Qué hacen tan bien los daneses, primeros en el ranking? El informe de
Transparencia Internacional matiza que los daneses tienen total predisposición a pagar sus impuestos en todos los órdenes “aunque estén en contra de algunos”. De
hecho, en Dinamarca el 85% de la
población paga sus impuestos voluntariamente
y la vida de sus gobernantes suele ser de “alta
eficiencia” en materia de administración.
Los daneses se precian
de tener “tolerancia cero” con cualquier actitud impropia de un cargo
público y enfatizan la inversión que llega a través de sus impuestos en sus
propios ciudadanos “a través de una
educación gratuita y verdaderamente igualitaria”, donde la calidad de la enseñanza es generalizada
y no depende del centro donde se
estudie. Y esta honradez de la ciudadanía se ve claramente reflejada en la
clase política del país. Hace unos meses, Jordi
Évole fue con su programa Salvados a Dinamarca y preguntó por la calle a
diferentes personas si recordaban el último caso de corrupción que había
salpicado a su país. Respuesta unánime: Nadie recordaba un caso así.
De hecho, una encuesta
recogida en el informe de Transparencia Internacional corrobora este dato de
Salvados y solo las personas más mayores recuerdan alguna trama corrupta, casi
todas en pequeños ayuntamientos y acaecidas en el siglo pasado.
El Parlamento danés ha
establecido un marco legal especialmente
estricto para evitar todo tipo de irregularidades y obliga asimismo a toda empresa establecida en el país a divulgar sus
datos fiscales así como a pagar
elevados impuestos para ayudar al financiamiento del estado de bienestar
del que goza el país.
Por último, cabe
destacar que Dinamarca, que solo tiene
un 5% de paro, es el país europeo que más
dinero recauda en impuestos en relación a su PIB. Según los datos recogidos
por Eurostat referentes a 2012, el país ingresó un 48,1% de su economía en tasas
fiscales. Le siguen Bélgica y Francia con
un 45,4% y un 45%, respectivamente. España,
con unos ingresos por impuestos del 32,5%
en relación al PIB, está en el puesto 20 y muy por debajo de la media de la
Unión Europea que se coloca en el 40%. Y no
es porque los autónomos, pymes o trabajadores paguen poco, sino porque las grandes economías están prácticamente
exentas de pagar impuestos cuando en países ejemplares como Dinamarca o
Finlandia son las que más pagan en nombre de la justicia social y la redistribución de la riqueza.
Hablemos
ahora de España… La Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno (aprobada en
2013), establece una serie de
principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los
miembros del Gobierno, los altos cargos
de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Es decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público
y permite a los ciudadanos consultar
a través de una web las
subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como
solicitar más información. Tras las aportaciones ciudadanas, se amplió la
información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que se
incluyó lo relativo a los contratos
públicos. Además, se estableció la obligatoriedad
de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más
datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos
menores. Las enmiendas en el trámite
parlamentario también han introducido varios cambios, incluida una disposición adicional que modifica la Ley Contra el
Blanqueo y la Financiación del terrorismo de 2010. Esto afecta a casi todas
las actividades que suponen movimientos de capitales y que realizan, por
ejemplo, entidades financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones,
profesionales de la intermediación y casinos.
Pero…
¿Qué es lo que NO incluye esta Ley? La misma tiene varios puntos
sujetos a crítica que vamos analizara continuación:
1. No se especifica que el acceso a la información de
los ciudadanos es un derecho fundamental
vinculado a la libertad de expresión.
2. Si en
un contrato público se recoge una cláusula que impida el acceso a determinada
información, la ley no podría acceder a
ella.
3. Hay poca concreción en las excepciones al
acceso a la información, que afectan a
"seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad
pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos
o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y en la
tutela judicial efectiva".
4. La
norma también fija como límites "las funciones administrativas de
vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales (como
el TTIP); la política económica y monetaria; el secreto profesional y la
propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el
secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio
ambiente".
5. Se introduce en el texto legal la obligación para
las Administraciones públicas de publicar sólo la relación de sus bienes
inmuebles, excluyéndose así la obligación de publicar todo el patrimonio que poseen, por lo que una parte muy importante
del mismo va a quedar oculto para los ciudadanos.
6. El nuevo Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno nace con un notable déficit de
independencia: El Presidente es nombrado
por el Gobierno y sólo se necesita mayoría simple para su refrendo y no se
definen competencias claras para este órgano.
7. Se retrasa
el plazo de entrada en vigor de la Ley durante dos años para la gran
mayoría de las instituciones públicas existentes en España (las pertenecientes a los ámbitos autonómico y local), cuando las
instituciones de cierto tamaño estarían suficientemente preparadas para
proporcionar la información que requiere la ley en un plazo bastante más corto.
8. No se puede solicitar información de manera anónima.
9. La administración no está obligada a contestar
a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante debe entender su solicitud como rechazada. Es lo que
se llama silencio administrativo
negativo.
El
problema de que en España sea difícil que una Ley de este tipo
funciones, está en la sociedad. Como
pueblo, lo nuestro desde hace siglos ha sido la “picaresca”. Y en esas seguimos. Si hay un libro que podría
definirnos como sociedad sería, “El
lazarillo de Tormes” obra por antonomasia de este género. Escrito ¿adivinan? Por un autor anónimo. Hasta para
un éxito escondemos la mano que tira la piedra.
De este modo, intentando saltarnos algunas reglas como
el pago real y justo de impuestos, malversando fondos públicos que tanto
nos cuesta a la ciudadanía de a pie, aliviando
los impuestos a las grandes corporaciones, recolectando diferentes comisiones del 3%, 5% o 10% por la
concesión de obras y servicios a los empresarios amigos de siempre… no se puede solucionar el problema.
Gran parte de la culpa es nuestra, de la ciudadanía que permitimos todos estos
hechos, tanto en las urnas como en las calles.
Por último para finalizar (y es difícil por lo interesante), es mi deseo incluir una cuadro
copiado de la página “Transparencia
Internacional España”. Una WEB increíblemente útil, llena de herramientas,
gráficas y datos referidas a la transparencia y la falta de la misma en nuestro
país. En ella se pueden ver a modo
resumen, si los diferentes partidos políticos españoles actuales, han
incluido o no algunas medidas en su programa electoral en las elecciones de
2015.
A mayores complemento la información con las “Medidas
adicionales contra la corrupción” que han desarrollado las
diferentes fuerzas políticas. No tiene desperdicio alguno.
