El Ayuntamiento de
Valladolid y específicamente VIVA, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda,
ha eliminado del baremo la referencia expresa a las víctimas de violencia de
género y la ha sustituido por una categoría diferente, la violencia doméstica o
en el ámbito familiar, reduciendo, además, de 1,5 a 1 punto la puntuación
asociada a esa situación.
La gravedad no está
solamente en cambiar una palabra, sino en que “violencia de género” y “violencia
doméstica” son categorías jurídicas y conceptuales diferentes, y esa
diferencia tiene una razón: la violencia de género identifica una violencia
vinculada a las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres.
La Ley Orgánica
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
define esta como la violencia ejercida sobre las mujeres por quienes sean o
hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad.
La violencia doméstica,
en cambio, tiene un ámbito diferente: engloba determinadas violencias
producidas dentro del ámbito familiar o de convivencia, con independencia
del sexo de la víctima y de la persona agresora.
Por tanto, decir que
sustituir una categoría por otra “amplía la protección” es, cuanto menos, jurídicamente
discutible. Amplía la categoría de situaciones que pueden entrar en el
concepto de violencia doméstica, pero eso no significa que pueda ser
equivalente a reconocer específicamente la violencia de género.
El argumento
fundamental es que la violencia de género no se define simplemente por el lugar
en el que ocurre. Cuando hablamos de “doméstica”, el concepto
describe principalmente un ámbito o espacio de relación: familia, pareja,
convivencia.
Sin embargo, la expresión “de género”, lo que hace es describir la naturaleza de una violencia estructural relacionada con la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Una desigualdad histórica.
Una mujer asesinada por
su pareja masculina no es simplemente una persona que ha sufrido una agresión “dentro
del ámbito familiar”. Existe un fenómeno social específico que la legislación
española reconoce precisamente como violencia de género. Por eso,
sustituir sistemáticamente el término despolitiza y descontextualiza una
violencia que tiene una dimensión estructural.
La sustitución del
concepto “género” además, invisibiliza claramente a las mujeres como personas
específicamente afectadas. Seguramente este sea uno de los puntos más
importantes en el debate político.
Si hablamos de “víctima
de violencia doméstica o en el ámbito familiar”, la condición de víctima deja
de estar expresamente vinculada a la violencia contra las mujeres por razón de
género. Una persona puede ser víctima de violencia doméstica independientemente
de su sexo. El problema radica en utilizar esta categoría genérica para
sustituir una categoría específica que reconoce una desigualdad muy concreta
y donde los datos argumentan de manera radical su justificación.
El hecho de que el
Ayuntamiento de Valladolid, gobernado actualmente por PP y VOX, haya cambiado
un concepto por el otro (violencia de género por violencia doméstica) en
el protocolo para el acceso a una vivienda de alquiler social perteneciente a
VIVA, la precisión importa todavía más. Estamos hablando de un baremo que
determina quién tiene prioridad para acceder a una vivienda pública o municipal.
Si el protocolo
anterior otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género y el
nuevo concede solamente 1 punto a las víctimas de violencia doméstica o en
el ámbito familiar, hay dos modificaciones simultáneas: por un lado se
cambia la categoría y por el otro y más grave aún, se reduce la puntuación y esto
hace mucho más insostenible las declaraciones del concejal de Urbanismo y
Vivienda, Ignacio Zarandona que habla de que únicamente estamos ante una mera “simplificación
terminológica”.
Hay dos opciones
posibles: o su desconocimiento es total y no ha leído ni el texto que se ha
aprobado recientemente o miente y ha intentado salir al paso con unas
explicaciones que son totalmente absurdas para justificar un cambio que
viene claramente de su acuerdo de gobierno con VOX, esa formación política que
degrada al pensamiento feminista y que es negacionista de la violencia de
género ejercida sobre las mujeres por este sistema patriarcal. Claramente me
inclino más por la segunda de las opciones.
El argumento de que “la
ley orgánica ya lo regula” tampoco resuelve el problema. Este
punto merece especial atención. Zarandona argumenta que la violencia de género
ya está regulada por una ley orgánica y que, por tanto, no es necesario
mencionarla en el protocolo.
Pero precisamente
porque el protocolo establece criterios de valoración, cabe preguntarse
por qué se elimina una categoría que antes estaba expresamente contemplada. La
cuestión no es si una víctima de violencia de género sigue teniendo los
derechos reconocidos por la Ley Orgánica 1/2004. Evidentemente, una norma
municipal no puede borrar esos derechos. La cuestión es otra: ¿qué criterios
utiliza VIVA para ordenar las solicitudes de vivienda y qué valor otorga a la
condición de víctima de violencia? Aquí sí importa lo que diga el propio
baremo en el protocolo de VIVA.
Que una categoría sea
más amplia no implica automáticamente que sea más garantista. Es simple:
una categoría específica identifica una vulnerabilidad. Si se sustituye por
otra categoría más amplia que incluye otras situaciones, pero, al mismo tiempo
se reduce la puntuación en el baremo, el sistema está fallando.
No se puede afirmar por
lo tanto que “proteger a más personas” es equivalente a proteger mejor a las
víctimas, en este caso, de violencia de género. En política pública es
imprescindible analizar qué derechos se reconocen, a quién, con qué
prioridad y con qué consecuencias. No vale todo y en un asunto tan sensible
como este, es importantísimo tener mucho más cuidado.
El debate podría morir
aquí, pero quedaría incompleto. Hay una segunda cuestión todavía más
preocupante. El protocolo que recientemente se ha aprobado elimina
también la valoración específica de situaciones como: haber sufrido un
desahucio hipotecario, vivir en una pensión, albergue o recurso residencial, encontrarse
en infravivienda y dedicar más del 30 % de los ingresos al alquiler. Estos
criterios podían aportar hasta tres puntos.
Estos dos últimos (encontrarse
en infravivienda y dedicar más del 30% de los ingresos al pago de un alquiler)
afectan más, según los datos estadísticos existentes, a las mujeres de manera
directa. El primero penaliza mayoritariamente a mujeres con pocos recursos con
hijos e hijas a cargo, ya que suelen ocultar situaciones de exclusión
residencial severa y soportan de manera prioritaria el cuidado del hogar en
condiciones precarias. El segundo, debido a la brecha salarial, la mayor tasa
de temporalidad laboral femenina y el elevado porcentaje de mujeres al frente
de familias monoparentales, el esfuerzo económico para mantener el alquiler
incide de manera más aguda en sus bolsillos.
Por eso la vivienda no
es jamás una cuestión secundaria en las políticas contra la violencia de
género. La vivienda segura forma parte imprescindible de la capacidad real
que puede tener una víctima para romper con el agresor y reconstruir su vida.
¿Y ya está? ¿aquí
terminan los cambios? Pues no, aún hay texto para más sorpresas. La
propuesta estrella más rancia de VOX, la “Prioridad Nacional”. El nuevo
sistema premia la antigüedad del empadronamiento. Es decir, que, si eres
mujer y además de todo lo anterior, llevas menos de tres años en la ciudad,
tampoco tienes puntos. Cumplir 3 años de empadronamiento para víctimas de
violencia de género es muy complicado porque muchas veces han tenido que
marcharse de su ciudad precisamente por este motivo. Al parecer esto tampoco
se ha tenido en cuenta, ¿o…. si?
Está claro, ser mujer
en esta ciudad con un equipo de gobierno de extrema derecha, es lo peor que te
puede pasar. Es terrible, simplemente terrible.
Todo esto cambia
bastante la filosofía del programa. El sistema anterior intentaba medir la
vulnerabilidad habitacional y social. El nuevo introduce un criterio
territorial basado en la antigüedad de residencia en Valladolid.
Y eso nos debería de
obligar a formular una crítica política mucho más profunda: ¿Estamos ante un
programa diseñado para atender a las personas más vulnerables que tienen mayor
necesidad de vivienda o ante un sistema que prioriza la ideología política de un
equipo de gobierno machista que atenta contra los derechos de las mujeres?
