CUANDO LA ESTADÍSTICA ALIMENTA EL RACISMO

Hace unas semanas, tuvo lugar un debate en un chat de una comunidad de Telegram en el que participo, sobre la relación existente entre la criminalidad y la inmigración. Entre las opiniones de unos y otras, se aportaron una serie de datos y gráficas. La intención de este artículo viene a poner encima de la mesa de manera argumentada porque, aunque la intención no sea “política”, la utilización de los datos de manera sesgada puede llevar, como lo hace en este caso, a argumentar de manera racista un asunto que sí es político.

El texto sostiene que, aunque la mayoría absoluta de las personas condenadas en España son de nacionalidad española, determinados colectivos extranjeros (especialmente los de origen africano y americano) presentan tasas de condena e índices de sobrerrepresentación superiores a su peso demográfico en nuestro país. A partir de estos datos, concluye que existe una mayor incidencia de la delincuencia entre estos grupos cuando se comparan proporcionalmente con la población residente.

El problema principal de ese razonamiento no es necesariamente que las operaciones matemáticas estén mal (aritméticamente pueden ser correctas si se aceptan las cifras de partida), sino que, en la selección de los datos, la forma de agruparlos y la interpretación estadística existen varios sesgos de relativa importancia. Es un ejemplo clásico de cómo se puede utilizar una estadística real para sostener una conclusión mucho más fuerte de lo que los datos permiten (pero ¡ojo! Que no se buscaba hacer política, solo son datos… ya) los datos son política, SIEMPRE.

Por ejemplo, un error para mi opinión importante, el texto equipara "personas condenadas" con "criminalidad". Y bueno, NO son lo mismo. Una condena dependerá de muchas variables: probabilidad de ser identificado, ser detenido o detenida, tener acceso a una buena defensa jurídica, recursos económicos, situación administrativa y algo muy importante de lo que hablaremos más adelante, la REINCIDENCIA.

Por lo tanto, los registros judiciales miden el funcionamiento conjunto del sistema penal, no únicamente las conducta delictivas. La propuesta que se expone en el chat suma todas las condenas como si fueran equivalentes. Y sinceramente, no lo son. Aquí nos podría echar una mano el agente de policía, que en un momento determinado participa en la conversación y que nos invita a estudiar sociología… lo que realmente deberíamos de hacer es pedir su identificación para denunciar a sus superiores por sus declaraciones RACISTAS y hacerlo en un chat público estando además de servicio…

Volvamos al asunto. En las estadísticas del INE aparecen conjuntamente delitos como: homicidio, lesiones, hurtos, robos, tráfico de drogas, delitos contra la seguridad vial, quebrantamientos de condena, falsedad documental, contra la Administración, delitos de extranjería…. interpretar igual una condena por conducir sin permiso que un homicidio, no se puede hacer. Pongamos además un ejemplo de como se pueden “engordar” las estadísticas en un lugar y en un tiempo concreto sobre un asunto en el que se quiere generar una opinión pública: en Valladolid hay mucho revuelo en la ciudadanía debido al uso correcto o no del patinete eléctrico. Bien, ¿cómo justificas el endurecimiento de su uso en la ciudad? sencillo, aumentas el numero de denuncias e identificaciones, ¿cómo?, más sencillo aún, colocas a dos agentes de policía en cada túnel peatonal de la ciudad durante dos horas mañanas y tardes. Los datos de denuncias por el uso indebido de patinetes y bicicletas aumentan exponencialmente. Este es solo un ejemplo. Pero se puede extrapolar a cualquier otro asunto.

Hablemos ahora de otro factor importante, hablemos de la edad de quienes comenten los delitos. Resulta que es uno de los factores más importantes en criminología. Aquí dejo unos datos para analizar: los hombres entre 18 y 35 años concentran gran parte de la delincuencia en prácticamente en todos los países del mundo. En España concretamente de 18 a los 40 años. Y no hace falta una gráfica para saber que la población inmigrante en España tiene precisamente una estructura mucho más joven que la española. Solo hace falta ir a la escuela (pública por supuesto) para verlo.

Si hacemos comparaciones de poblaciones sin ajustar por edad, estamos haciendo sesgo. Tiene un nombre técnico que ahora mismo no recuerdo pero que tampoco es relevante. Lo importante es eso, se está sesgando en favor de una opinión que favorece un argumento RACISTA.

Los datos tampoco hablan ni controlan el sexo de quienes cometen los delitos. Los hombres (oh sorpresa) delinquen mucho más que las mujeres. Muchas poblaciones migrantes presentan una mayor proporción de hombres en edades laborales. Un sesgo más.

Tampoco controla la situación socioeconómica de las personas (mira aquí también hablamos de sociología, toma apuntes agente). La criminológica lleva décadas mostrando que variables como la pobreza, la exclusión social, el desempleo, la precariedad, el fracaso escolar, la dificultad de encontrar un techo, vivir en la calle… suma y sigue para explicar una parte importante de toda esta criminalidad.

Si las personas viven expuestas a estas condiciones, no puede atribuirse automáticamente la diferencia simplemente a su origen nacional. No es justo y es un sesgo más que agrava conductas basadas en RACISMO.

Algo super importante y que parece que a nadie le ha llamado la atención: los datos vienen agrupados por continentes enteros. Es decir, no desgrana por países. A mí, por ejemplo, me da igual de donde vengan, son personas igualmente que deben de ser tratadas como tal, no voy a pensar que son mejores o peores por ser de Argentina, Colombia, Marruecos, etc. pero cada nacionalidad presenta perfiles demográficos y tasas completamente diferentes.

Algo que tampoco se tiene en cuenta: no distingue de personas residentes estables y de población flotante y turista. Y claro si en un análisis estadístico el denominador (población residente) no coincide exactamente con el numerador (personas condenadas) … ¿qué ocurre? Vienen las distorsiones. Por ejemplo, observar que en un barrio con más pobreza haya más delitos no significa que el barrio sea la causa; existen muchos factores asociados.

No compara delitos concretos. Por ejemplo, en España algunos delitos están muy vinculados a la edad (hurtos, robos), otros al ámbito familiar (violencia de género), otros a la conducción (seguridad vial) y otros a la actividad económica. Sin ese desglose, el dato agregado dice muy poco. Aquí me gustaría compartir un dato que me parece relevante y que echa por tierra un mito: las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la mayoría de los condenados por delitos sexuales en España son de nacionalidad española, representando cerca del 70 % de los adultos y casi el 78% de los menores condenados. Por lo tanto, la mayor parte de este tipo de violencia, también es mayoritariamente nacional.

No analiza la reincidencia. Las estadísticas de personas condenadas no equivalen necesariamente al número de delitos. Una misma persona puede acumular varias condenas o varios procedimientos.

Por último, el "índice de representación" o “sobrerrepresentación” no demuestra una predisposición a delinquir. Ese índice es tan solo una herramienta descriptiva. Decir que un colectivo está "sobrerrepresentado" significa únicamente que aparece en una proporción mayor que su peso poblacional. Pero… No explica por qué y es importante hacerse esta pregunta, porque las causas pueden ser y serán siempre múltiples y complejas como hemos visto.

Aquí entran factores tan importantes como la edad, la desigualdad económica, la concentración urbana en la zona o barrio de estudio, la discriminación que ya sufre, el tipo de empleo, intensidad de la presencia policial (muy importante cuando se quiere hacer política desde el escaño), el acceso desigual a los recursos, etc. Utilizar ese índice como prueba de que "un colectivo delinque más por ser de un origen determinado" es un salto que la estadística no permite.

Hay además un detalle importante sobre la fuente de los datos. El texto atribuye estas cifras al INE, pero conviene ser muy preciso. El INE publica la Estadística de Condenados, mientras que los datos de población proceden del Censo o de la Estadística Continua de Población. Cruzar ambas fuentes para calcular tasas es una práctica válida, pero las tasas, los índices de representación y las conclusiones no son estadísticas oficiales del INE: son cálculos elaborados por quien redactó el texto.

¿Significa esto que las diferencias no existan? No necesariamente, claro que no. En algunos grupos pueden observarse tasas de condena superiores a la media cuando se analizan datos oficiales. Sin embargo, es incorrecto concluir que eso demuestra que "las personas extranjeras delinquen más" o que la explicación sea su nacionalidad. La investigación criminológica muestra que las diferencias se reducen considerablemente cuando se ajustan variables como la edad, el sexo, la situación socioeconómica, el nivel educativo o el entorno residencial.

Y ahí está el problema, utilizar cifras que pueden ser reales o aproximadas (nadie dice lo contrario, ¡ojo!), para respaldar una explicación simplificada de un fenómeno complejo, es hacer trampas y cuando se utiliza con el fin de explicar o argumentar un posicionamiento en medio de un debate público, es hacer política. Por lo tanto, nada está exento de generar opinión en el resto de personas que leen y escuchan y se debería de tener mucho cuidado si el deseo que se tiene es el de no influir en sus opiniones.

CUANDO LA VIVIENDA PÚBLICA DEJA DE PROTEGER A LAS MUJERES

El Ayuntamiento de Valladolid y específicamente VIVA, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, ha eliminado del baremo la referencia expresa a las víctimas de violencia de género y la ha sustituido por una categoría diferente, la violencia doméstica o en el ámbito familiar, reduciendo, además, de 1,5 a 1 punto la puntuación asociada a esa situación.

La gravedad no está solamente en cambiar una palabra, sino en que “violencia de género” y “violencia doméstica” son categorías jurídicas y conceptuales diferentes, y esa diferencia tiene una razón: la violencia de género identifica una violencia vinculada a las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres.

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define esta como la violencia ejercida sobre las mujeres por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad.

La violencia doméstica, en cambio, tiene un ámbito diferente: engloba determinadas violencias producidas dentro del ámbito familiar o de convivencia, con independencia del sexo de la víctima y de la persona agresora.

Por tanto, decir que sustituir una categoría por otra “amplía la protección” es, cuanto menos, jurídicamente discutible. Amplía la categoría de situaciones que pueden entrar en el concepto de violencia doméstica, pero eso no significa que pueda ser equivalente a reconocer específicamente la violencia de género.

El argumento fundamental es que la violencia de género no se define simplemente por el lugar en el que ocurre. Cuando hablamos de “doméstica”, el concepto describe principalmente un ámbito o espacio de relación: familia, pareja, convivencia.

Sin embargo, la expresión “de género”, lo que hace es describir la naturaleza de una violencia estructural relacionada con la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Una desigualdad histórica.

Una mujer asesinada por su pareja masculina no es simplemente una persona que ha sufrido una agresión “dentro del ámbito familiar”. Existe un fenómeno social específico que la legislación española reconoce precisamente como violencia de género. Por eso, sustituir sistemáticamente el término despolitiza y descontextualiza una violencia que tiene una dimensión estructural.

La sustitución del concepto “género” además, invisibiliza claramente a las mujeres como personas específicamente afectadas. Seguramente este sea uno de los puntos más importantes en el debate político.

Si hablamos de “víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar”, la condición de víctima deja de estar expresamente vinculada a la violencia contra las mujeres por razón de género. Una persona puede ser víctima de violencia doméstica independientemente de su sexo. El problema radica en utilizar esta categoría genérica para sustituir una categoría específica que reconoce una desigualdad muy concreta y donde los datos argumentan de manera radical su justificación.

El hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado actualmente por PP y VOX, haya cambiado un concepto por el otro (violencia de género por violencia doméstica) en el protocolo para el acceso a una vivienda de alquiler social perteneciente a VIVA, la precisión importa todavía más. Estamos hablando de un baremo que determina quién tiene prioridad para acceder a una vivienda pública o municipal.

Por tanto, las categorías utilizadas tienen consecuencias materiales.

Si el protocolo anterior otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género y el nuevo concede solamente 1 punto a las víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, hay dos modificaciones simultáneas: por un lado se cambia la categoría y por el otro y más grave aún, se reduce la puntuación y esto hace mucho más insostenible las declaraciones del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona que habla de que únicamente  estamos ante una mera “simplificación terminológica”.

Hay dos opciones posibles: o su desconocimiento es total y no ha leído ni el texto que se ha aprobado recientemente o miente y ha intentado salir al paso con unas explicaciones que son totalmente absurdas para justificar un cambio que viene claramente de su acuerdo de gobierno con VOX, esa formación política que degrada al pensamiento feminista y que es negacionista de la violencia de género ejercida sobre las mujeres por este sistema patriarcal. Claramente me inclino más por la segunda de las opciones.

El argumento de que “la ley orgánica ya lo regula” tampoco resuelve el problema. Este punto merece especial atención. Zarandona argumenta que la violencia de género ya está regulada por una ley orgánica y que, por tanto, no es necesario mencionarla en el protocolo.

Pero precisamente porque el protocolo establece criterios de valoración, cabe preguntarse por qué se elimina una categoría que antes estaba expresamente contemplada. La cuestión no es si una víctima de violencia de género sigue teniendo los derechos reconocidos por la Ley Orgánica 1/2004. Evidentemente, una norma municipal no puede borrar esos derechos. La cuestión es otra: ¿qué criterios utiliza VIVA para ordenar las solicitudes de vivienda y qué valor otorga a la condición de víctima de violencia? Aquí sí importa lo que diga el propio baremo en el protocolo de VIVA.

Que una categoría sea más amplia no implica automáticamente que sea más garantista. Es simple: una categoría específica identifica una vulnerabilidad. Si se sustituye por otra categoría más amplia que incluye otras situaciones, pero, al mismo tiempo se reduce la puntuación en el baremo, el sistema está fallando.

No se puede afirmar por lo tanto que “proteger a más personas” es equivalente a proteger mejor a las víctimas, en este caso, de violencia de género. En política pública es imprescindible analizar qué derechos se reconocen, a quién, con qué prioridad y con qué consecuencias. No vale todo y en un asunto tan sensible como este, es importantísimo tener mucho más cuidado.

El debate podría morir aquí, pero quedaría incompleto. Hay una segunda cuestión todavía más preocupante. El protocolo que recientemente se ha aprobado elimina también la valoración específica de situaciones como: haber sufrido un desahucio hipotecario, vivir en una pensión, albergue o recurso residencial, encontrarse en infravivienda y dedicar más del 30 % de los ingresos al alquiler. Estos criterios podían aportar hasta tres puntos.

Estos dos últimos (encontrarse en infravivienda y dedicar más del 30% de los ingresos al pago de un alquiler) afectan más, según los datos estadísticos existentes, a las mujeres de manera directa. El primero penaliza mayoritariamente a mujeres con pocos recursos con hijos e hijas a cargo, ya que suelen ocultar situaciones de exclusión residencial severa y soportan de manera prioritaria el cuidado del hogar en condiciones precarias. El segundo, debido a la brecha salarial, la mayor tasa de temporalidad laboral femenina y el elevado porcentaje de mujeres al frente de familias monoparentales, el esfuerzo económico para mantener el alquiler incide de manera más aguda en sus bolsillos.

Por lo tanto, gracias a la total negligencia del Ayuntamiento de Valladolid y la falta de visión y políticas feministas, tenemos un coctel perfecto que hace que el acceso a una vivienda en alquiler social paras las mujeres más vulnerables sea mucho más difícil. Si eres mujer, víctima de violencia de género, tienes hijos e hijas a tu cargo, vives en situación precaria y con un trabajo que hace que destines más del 30% de su salario al pago del alquiler… lo siento, pero quedas excluida.

Por eso la vivienda no es jamás una cuestión secundaria en las políticas contra la violencia de género. La vivienda segura forma parte imprescindible de la capacidad real que puede tener una víctima para romper con el agresor y reconstruir su vida.

¿Y ya está? ¿aquí terminan los cambios? Pues no, aún hay texto para más sorpresas. La propuesta estrella más rancia de VOX, la “Prioridad Nacional”. El nuevo sistema premia la antigüedad del empadronamiento. Es decir, que, si eres mujer y además de todo lo anterior, llevas menos de tres años en la ciudad, tampoco tienes puntos. Cumplir 3 años de empadronamiento para víctimas de violencia de género es muy complicado porque muchas veces han tenido que marcharse de su ciudad precisamente por este motivo. Al parecer esto tampoco se ha tenido en cuenta, ¿o…. si?

Está claro, ser mujer en esta ciudad con un equipo de gobierno de extrema derecha, es lo peor que te puede pasar. Es terrible, simplemente terrible.

Todo esto cambia bastante la filosofía del programa. El sistema anterior intentaba medir la vulnerabilidad habitacional y social. El nuevo introduce un criterio territorial basado en la antigüedad de residencia en Valladolid.

Y eso nos debería de obligar a formular una crítica política mucho más profunda: ¿Estamos ante un programa diseñado para atender a las personas más vulnerables que tienen mayor necesidad de vivienda o ante un sistema que prioriza la ideología política de un equipo de gobierno machista que atenta contra los derechos de las mujeres?

VALLADOLID, UN MERCADO DEL ALQUILER AL LÍMITE

Si la radiografía del mercado del alquiler en España mostraba un problema estructural, Valladolid ofrece un ejemplo muy ilustrativo de cómo esas dinámicas se trasladan al ámbito local. La oferta de vivienda en alquiler se reduce, los precios continúan aumentando año tras año, las viviendas de uso turístico siguen creciendo y, al mismo tiempo, miles de viviendas permanecen vacías. Una combinación de factores que obliga a preguntarse si el mercado está siendo capaz de responder a una necesidad tan básica como el acceso a una vivienda digna y asequible para todo tipo de personas, independientemente de su nivel económico.

Encontrar una vivienda de alquiler en Valladolid se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. Basta con consultar uno de los principales portales inmobiliarios del país para comprobar la escasez de oferta.

Actualmente apenas se anuncian 250 viviendas en alquiler en la ciudad de Valladolid y 300 en toda la provincia. Son cifras muy reducidas para un territorio que supera ampliamente el medio millón de habitantes y que concentra buena parte de la actividad económica, universitaria y administrativa de Castilla y León.

La consecuencia de esta escasez es conocida por cualquiera que haya intentado alquilar una vivienda en los últimos años: mayor competencia entre quienes buscan piso y una presión constante sobre los precios. Por lo tanto, cada vez es más difícil por no de decir imposible hacerte con un techo donde desarrollar la vida.

Los precios no han dejado de crecer. El alquiler ya cuesta un 37 % más que hace apenas tres años. En 2023 el precio medio del alquiler en Valladolid se situaba en torno a 7,6 euros por metro cuadrado. Un año después ascendía a 8,4 euros, en septiembre de 2025 alcanzaba los 9,3 euros, en diciembre de 2025 los 9,6 euros por metro cuadrado y actualmente en junio de 2026 ya hablamos de 10 euros por metro cuadrado.

Traducido a una vivienda media de unos 90 metros cuadrados, el cambio resulta muy gráfico.

Hace poco más de dos años alquilar un piso suponía un desembolso aproximado de 675 euros mensuales. Hoy esa misma vivienda alcanza de media los 900 euros. En apenas dos años el incremento supera el 37 %, mientras que si la comparación se realiza desde 2016 (hace diez años) el aumento acumulado rebasa ya el 65 %.

Detrás de estos porcentajes hay una realidad: cada vez son más las familias que necesitan destinar una parte más creciente de sus ingresos para poder acceder y pagar el alquiler de una vivienda. Hablamos de un porcentaje que se encuentra por encima del 30-35% teniendo en cuenta los salarios medios y medianos de Valladolid.

Otro de los fenómenos que está transformando el mercado durante los últimos años está siendo el crecimiento de las viviendas de uso turístico. Los datos muestran una evolución especialmente significativa.

En 2024 el Ayuntamiento de Valladolid tenía registradas alrededor de 40 o 45 licencias ambientales para este tipo de alojamientos. Ese mismo año la Junta de Castilla y León contabilizaba 167 viviendas turísticas autorizadas en toda la provincia. Sin embargo, apenas un año después la cifra prácticamente se había duplicado. Durante el verano de 2025 ya existían 337 viviendas turísticas registradas en la provincia, de las cuales 152 se encontraban en la capital.

Actualmente ya son 200 las viviendas con licencia para este uso en la ciudad de Valladolid. Hablamos de viviendas con licencia. Lo que nadie se le escapa es que existe un mayor número de viviendas al que se le da este uso temporal y que carece de vivienda.

En 2025, antes de que la normativa prohibiera a los portales web que hicieran difusión de este tipo de viviendas para uso turístico y temporal sin licencia, las tres principales plataformas especializadas ofertaban 629 viviendas turísticas en la provincia, de las que 311 correspondían a Valladolid capital. Hoy este número es aún mayor.

La comparación entre ambas cifras apunta a una circunstancia que plantea interrogantes sobre la nula capacidad de control que las administraciones local y autonómica tienen sobre el impacto que esta oferta puede tener en el mercado residencial.

Un último dato a tener en cuenta en nuestra provincia y ciudad. Mientras miles de personas encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda en alquiler, más de 27.000 viviendas permanecen vacías en la provincia de Valladolid.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, existen 27.222 viviendas desocupadas, lo que representa aproximadamente el 9,16 % del parque residencial provincial.

Solo en la capital se concentran alrededor de 9.500 viviendas vacías, aproximadamente el 35 % del total provincial. Es decir, una de cada tres viviendas vacías de toda la provincia se encuentra precisamente en el municipio donde más difícil resulta encontrar un alquiler asequible.

La situación de Valladolid resulta llamativa, pero adquiere una dimensión aún mayor cuando se analiza el conjunto de la Comunidad Autónoma. Castilla y León dispone de 1.829.895 viviendas, de las cuales 360.604 permanecen vacías. Esto supone cerca del 20 % del parque residencial, una cifra que supera ampliamente la media española.

En el conjunto del país existen 26,6 millones de viviendas, de las que 3,8 millones están vacías, alrededor del 14,4 %. En otras palabras, Castilla y León presenta una proporción de vivienda vacía aproximadamente seis puntos superior a la media nacional.

La explicación no puede reducirse a un único factor. En algunas provincias influyen el envejecimiento demográfico y la despoblación; en otras, la falta de rehabilitación o la escasa rentabilidad esperada por quienes son personas propietarias. En las ciudades con mercados más tensionados también intervienen el aumento del alquiler turístico, la incertidumbre regulatoria y las dificultades para movilizar vivienda hacia el mercado residencial.

En nuestra ciudad coinciden varios de estas problemáticas al mismo tiempo: una oferta muy reducida de viviendas en alquiler, el incremento continuado de los precios, el crecimiento progresivo del uso de viviendas para alquiler turístico y/o temporal y un importante volumen de viviendas que permanecen vacías.

La realidad demuestra que el acceso a la vivienda depende de múltiples factores que interactúan entre sí y que requieren políticas públicas capaces de actuar sobre todos ellos de manera coordinada.