COSAS CLARAS, CHOCOLATE ESPESO

ª  España ocupa el puesto número 36. Con 58 puntos (dos menos que en el anterior índice). España se encuentra, junto a Libia, Australia, Brasil y Turquía, entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones en los últimos cuatro años.

ª  El Parlamento danés ha establecido un marco legal especialmente estricto para evitar todo tipo de irregularidades y obliga asimismo a toda empresa establecida en el país a divulgar sus datos fiscales así como a pagar elevados impuestos para ayudar al financiamiento del estado de bienestar del que goza el país. 

ª  El problema de que en España sea difícil que una Ley de este tipo funciones, está en la sociedad. Como pueblo, lo nuestro desde hace siglos ha sido la “picaresca”. Y en esas seguimos.

 

 

Según el último índice de percepción de la corrupción, elaborado por la organización “Transparencia Internacional”, Dinamarca es el país con mayor nivel de transparencia del mundo, seguido por Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Luxemburgo y Canadá cerrando los diez primeros.

Australia, Alemania, Islandia, Reino Unido, Bélgica, Barbados y Hong Kong, continúan en el ranking, en el que el primer país latinoamericano que figura es Uruguay que se ubica en la posición número 21, acompañado por Chile. Argentina ocupa el lugar 107, detrás de otros países de la región como Bolivia y México (103) y Colombia (94). Entre los peores del sur del continente aparecen Paraguay (150) y Venezuela (161). Cierra Somalia como país menos transparente.

España ocupa el puesto número 36. Con 58 puntos (dos menos que en el anterior índice). España se encuentra, junto a Libia, Australia, Brasil y Turquía, entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones en los últimos cuatro años, mientras que Grecia, Senegal y el Reino Unido los que han mostrado más mejoras.

Los países en las primeras posiciones presentan características comunes, como un alto nivel de libertad de prensa, acceso a información sobre presupuestos que permite que los ciudadanos sepan de dónde procede el dinero y cómo se gasta, altos niveles de integridad entre los cargos públicos y un poder judicial independiente que no distingue entre ricos y pobres.

Por contra, los países en las últimas posiciones, además de conflictos y guerras, destacan por su deficiente gobernabilidad, unas instituciones públicas frágiles, como la policía y el poder judicial, y la falta de independencia en los medios de comunicación.

Un plan de gobierno debería hacerse con la participación de la sociedad civil. Así está haciendo uno de los últimos en llegar al club, Irlanda, que dialogará con ciudadanos y organizaciones durante un año antes de elaborar sus propios compromisos en esta materia. Nueva Zelanda permite que sus ciudadanos evalúen cada seis meses el cumplimiento del gobierno de sus propios compromisos. Y se ha propuesto que en 2017 puedan realizarse online el 70% de las transacciones y gestiones más habituales con la Administración.

En el caso del actual gobierno español, avanza sin consultar a la sociedad civil, como exigen los estándares internacionales. El Ejecutivo español ha abierto un proceso de consulta sobre la evaluación del plan de gobierno pero, según denuncian varios conocedores del proceso, no lo ha publicitado.

 

¿Qué hacen tan bien los daneses, primeros en el ranking? El informe de Transparencia Internacional matiza que los daneses tienen total predisposición a pagar sus impuestos en todos los órdenes “aunque estén en contra de algunos”. De hecho, en Dinamarca el 85% de la población paga sus impuestos voluntariamente y la vida de sus gobernantes suele ser de “alta eficiencia” en materia de administración. 

Los daneses se precian de tener “tolerancia cero” con cualquier actitud impropia de un cargo público y enfatizan la inversión que llega a través de sus impuestos en sus propios ciudadanos “a través de una educación gratuita y verdaderamente igualitaria”, donde la calidad de la enseñanza es generalizada y no depende del centro donde se estudie. Y esta honradez de la ciudadanía se ve claramente reflejada en la clase política del país. Hace unos meses, Jordi Évole fue con su programa Salvados a Dinamarca y preguntó por la calle a diferentes personas si recordaban el último caso de corrupción que había salpicado a su país. Respuesta unánime: Nadie recordaba un caso así.

De hecho, una encuesta recogida en el informe de Transparencia Internacional corrobora este dato de Salvados y solo las personas más mayores recuerdan alguna trama corrupta, casi todas en pequeños ayuntamientos y acaecidas en el siglo pasado.

El Parlamento danés ha establecido un marco legal especialmente estricto para evitar todo tipo de irregularidades y obliga asimismo a toda empresa establecida en el país a divulgar sus datos fiscales así como a pagar elevados impuestos para ayudar al financiamiento del estado de bienestar del que goza el país. 

Por último, cabe destacar que Dinamarca, que solo tiene un 5% de paro, es el país europeo que más dinero recauda en impuestos en relación a su PIB. Según los datos recogidos por Eurostat referentes a 2012, el país ingresó un 48,1% de su economía en tasas fiscales. Le siguen Bélgica y Francia con un 45,4% y un 45%, respectivamente. España, con unos ingresos por impuestos del 32,5% en relación al PIB, está en el puesto 20 y muy por debajo de la media de la Unión Europea que se coloca en el 40%. Y no es porque los autónomos, pymes o trabajadores paguen poco, sino porque las grandes economías están prácticamente exentas de pagar impuestos cuando en países ejemplares como Dinamarca o Finlandia son las que más pagan en nombre de la justicia social y la redistribución de la riqueza.

Hablemos ahora de España… La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (aprobada en 2013), establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Es decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información. Tras las aportaciones ciudadanas, se amplió la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que se incluyó lo relativo a los contratos públicos. Además, se estableció la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores. Las enmiendas en el trámite parlamentario también han introducido varios cambios, incluida una disposición adicional que modifica la Ley Contra el Blanqueo y la Financiación del terrorismo de 2010. Esto afecta a casi todas las actividades que suponen movimientos de capitales y que realizan, por ejemplo, entidades financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones, profesionales de la intermediación y casinos. 

Pero… ¿Qué es lo que NO incluye esta Ley?  La misma tiene varios puntos sujetos a  crítica que vamos analizara  continuación:

1.     No se especifica que el acceso a la información de los ciudadanos es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.

2.     Si en un contrato público se recoge una cláusula que impida el acceso a determinada información, la ley no podría acceder a ella.

3.     Hay poca concreción en las excepciones al acceso a la información, que afectan a "seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y en la tutela judicial efectiva".

4.     La norma también fija como límites "las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales (como el TTIP); la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente".

5.     Se introduce en el texto legal la obligación para las Administraciones públicas de publicar sólo la relación de sus bienes inmuebles, excluyéndose así la obligación de publicar todo el patrimonio que poseen, por lo que una parte muy importante del mismo va a quedar oculto para los ciudadanos.

6.     El nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nace con un notable déficit de independencia: El Presidente es nombrado por el Gobierno y sólo se necesita mayoría simple para su refrendo y no se definen competencias claras para este órgano.

7.     Se retrasa el plazo de entrada en vigor de la Ley durante dos años para la gran mayoría de las instituciones públicas existentes en España (las pertenecientes a los ámbitos autonómico y local), cuando las instituciones de cierto tamaño estarían suficientemente preparadas para proporcionar la información que requiere la ley en un plazo bastante más corto.

8.     No se puede solicitar información de manera anónima.

9.     La administración no está obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante debe entender su solicitud como rechazada. Es lo que se llama silencio administrativo negativo.

El problema de que en España sea difícil que una Ley de este tipo funciones, está en la sociedad. Como pueblo, lo nuestro desde hace siglos ha sido la “picaresca”. Y en esas seguimos. Si hay un libro que podría definirnos como sociedad sería, “El lazarillo de Tormes” obra por antonomasia de este género. Escrito ¿adivinan? Por un autor anónimo. Hasta para un éxito escondemos la mano que tira la piedra.

De este modo, intentando saltarnos algunas reglas como el pago real y justo de impuestos, malversando fondos públicos que tanto nos cuesta a la ciudadanía de a pie, aliviando los impuestos a las grandes corporaciones, recolectando diferentes comisiones del 3%, 5% o 10% por la concesión de obras y servicios a los empresarios amigos de siempre… no se puede solucionar el problema. Gran parte de la culpa es nuestra, de la ciudadanía que permitimos todos estos hechos, tanto en las urnas como en las calles.

 

Por último para finalizar (y es difícil por lo interesante), es mi deseo incluir una cuadro copiado de la página “Transparencia Internacional España”. Una WEB increíblemente útil, llena de herramientas, gráficas y datos referidas a la transparencia y la falta de la misma en nuestro país. En ella se pueden ver a modo resumen, si los diferentes partidos políticos españoles actuales, han incluido o no algunas medidas en su programa electoral en las elecciones de 2015.

A mayores complemento la información con las “Medidas adicionales contra la corrupción” que han desarrollado las diferentes fuerzas políticas. No tiene desperdicio alguno.