2026/08/03

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO DEL ALQUILER EN ESPAÑA

Hablar del mercado del alquiler en España suele llevar a un debate polarizado. Hay quienes sostienen que el problema reside exclusivamente en los grandes fondos de inversión y quienes afirman que la mayoría del mercado sigue en manos de pequeños propietarios y propietarias. La realidad es bastante más compleja. Los datos disponibles muestran un mercado heterogéneo donde conviven millones de personas con un número muy limitado de propiedades con grandes tenedoras, sociedades mercantiles, entidades públicas y fondos de inversión. Comprender esa estructura resulta imprescindible para diseñar políticas de vivienda eficaces.

Cada vez que el precio del alquiler vuelve a ocupar titulares, reaparece la misma pregunta: ¿quién posee realmente las viviendas que se alquilan en España?

La respuesta no admite simplificaciones. Ni el mercado está dominado exclusivamente por grandes fondos, ni puede explicarse únicamente a través de personas propietarias que complementan su pensión o sus ingresos con una vivienda heredada.

El mercado del alquiler español presenta una estructura mucho más diversa y desigual de lo que suele trasladarse al debate político.

España cuenta con algo más de 3.000.000 de viviendas destinadas al alquiler residencial, según distintas estimaciones elaboradas a partir de información fiscal, estadística y administrativa. La Agencia Tributaria ha mejorado en los últimos años la información disponible mediante una nueva estadística basada en las declaraciones del IRPF y los datos catastrales, lo que permite conocer con bastante precisión el comportamiento de los propietarios particulares.

Sin embargo, esa información tiene una limitación importante: no recoge de forma completa las viviendas pertenecientes a sociedades mercantiles, por lo que para obtener una fotografía global es necesario combinar distintas fuentes oficiales. No obstante, tenemos una aproximación de los datos disponibles.

El 15% del total de las viviendas de alquiler, es decir, más de 400.000 viviendas, pertenecen a personas jurídicas. Esto incluye fondos de inversión, conocidos como fondos buitre, que controlan alrededor de 175.000 viviendas, y otro tipo de sociedades, que gestionan aproximadamente 270.000 viviendas. Sumando las 320.000 viviendas de titularidad pública (un 10% más), se concluye que una de cada cuatro viviendas en España está en manos de una institución, no de un particular.

El 75% restante, es decir, alrededor de 2,3 millones de viviendas, está en manos de personas particulares, según datos de la Agencia Tributaria. No obstante, el perfil de estas propietarias es muy diverso:

El 50,1% son personas que poseen una o dos viviendas. En total, se estima que hay 1.163.000 pequeños y pequeñas propietarias. Estas personas generan ingresos brutos de alrededor de 30.000 euros anuales por sus viviendas alquiladas.

Del otro lado, encontramos personas con múltiples viviendas, conocidas como rentistas:

·     Cerca de 1.000.000 de personas tienen entre 3 y 4 viviendas.

·     Otras 200.000 tienen entre 6 y 10 viviendas.

·     38.500 (aprox.) personas poseen más de 10 viviendas.



Los personas que son propietarias particulares continúan siendo el grupo más numeroso. Miles de familias obtienen una parte de sus ingresos del alquiler de una única vivienda, normalmente adquirida hace años o heredada. Este perfil sigue teniendo un peso importante dentro del mercado español y constituye una realidad que cualquier política pública debe tener presente.

No todas las personas son grandes inversoras ni obtienen rentabilidades extraordinarias. Para muchas economías familiares, el alquiler constituye un complemento de ingresos y no una actividad empresarial.

... pero también es cierto que la propiedad está cada vez más concentrada. Que exista un número importante y numeroso de personas propietarias no significa necesariamente que controlen la mayor parte del mercado.

Los estudios más recientes elaborados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo junto con el CSIC muestran una tendencia clara: la concentración de viviendas en manos de personas propietarias de varias viviendas ha aumentado durante la última década.

Según este estudio, cuando se incorpora al análisis el conjunto del mercado (incluyendo personas jurídicas, empresas, fondos y vivienda pública) aproximadamente el 61 % de las viviendas en alquiler está controlado por personas multiarrendadoras y entidades jurídicas, mientras que las personas y familias con una única vivienda alquilada concentran alrededor del 39 % del parque arrendado.

Este dato cuestiona una idea muy extendida: aunque las personas que tienen una o dos viviendas en alquiler siguen siendo muy numerosas, ya no representan la mayor parte de la oferta disponible.

Los fondos de inversión existen, pero no explican por sí solos el mercado y los problemas para el acceso a una vivienda asequible. Los fondos de inversión poseen una parte significativa del parque residencial, especialmente en determinadas áreas metropolitanas, pero junto a ellos operan miles de sociedades patrimoniales, empresas inmobiliarias, SOCIMI, promotoras y particulares con múltiples inmuebles.

Reducir toda la estructura del mercado a los fondos de inversión impide comprender un fenómeno mucho más amplio: la creciente concentración de activos inmobiliarios en manos de grandes operadores económicos y de personas multipropietarias con carteras de varias viviendas.

El peso cambia según el territorio. En ciudades como Madrid, Barcelona, Palma o Valencia la presencia de personas con gran número de propiedades resulta considerablemente superior a la media nacional. Precisamente en estos mercados es donde el Ministerio de Consumo identifica mayores niveles de concentración del alquiler en manos de personas multiarrendadoras.



Estas diferencias ayudan a explicar por qué las tensiones del mercado no son iguales en todo el país. Mientras numerosos municipios mantienen precios relativamente estables (cada vez menos), las grandes áreas urbanas soportan una presión mucho mayor derivada del crecimiento de la demanda, la limitada oferta disponible y la elevada concentración de vivienda.

La discusión y el debate sobre la vivienda suele presentarse casi siempre como una confrontación entre personas que tienen una o dos viviendas en alquiler y los grandes fondos de inversión. Los datos muestran una realidad bastante más compleja.

Existe un amplio colectivo de personas consideradas pequeñas arrendadoras cuya situación poco tiene que ver con la de las grandes empresas inmobiliarias. Al mismo tiempo, se observa también una tendencia creciente hacia la concentración del parque de alquiler en manos de personas con múltiples viviendas y entidades jurídicas.

Ignorar cualquiera de estas dos realidades conduce a diagnósticos incompletos y, probablemente, a políticas que serán menos eficaces. El mercado del alquiler español no puede entenderse desde posiciones simplistas.

La cuestión relevante ya no es únicamente cuántos personas propietarias existen, sino qué porcentaje del parque controlan y cómo influye esa concentración sobre los precios, la oferta y el acceso a la vivienda.

2026/06/28

LA QUÍMICA TÓXICA EN LA CIUDAD

Cuando paseamos por un parque, una zona infantil o una acera con arbolado, damos por hecho que ese espacio es seguro para quienes lo utilizan: niños y niñas, personas mayores, mascotas o cualquier persona ciudadana que simplemente quiera disfrutar de un entorno saludable.

Sin embargo, detrás del mantenimiento de esas zonas verdes existe una cuestión que merece un debate público mucho más transparente: ¿qué productos químicos utiliza el Ayuntamiento de Valladolid para controlar la vegetación espontánea?

No se trata de generar alarma ni de demonizar cualquier tratamiento fitosanitario. Se trata de exigir información, transparencia y una gestión responsable cuando hablamos de productos que, según su propia clasificación oficial, presentan riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.

Cinco meses fueron los que tardó el Ayuntamiento de Valladolid en facilitar el listado de sustancias químicas utilizadas para el trabajo en parques y jardines. Cinco meses que estuvieron intentando ocultar que algunas de ellas son muy nocivas para la salud de personas y medio ambiente.

La primera respuesta que dio entonces el Ayuntamiento hablaba del uso "solamente de sustancias no nocivas" y de "bajo riesgo" para el tratamiento de malezas. Cuando se hizo pública la lista de sustancias empleadas, el concejal responsable prometió para el año siguiente y para el resto de los años se dejarían de utilizar. Una promesa que por supuesto no se ha cumplido ni en el año 2025 y este 2026. Juzguen ustedes si aquel listado, es de sustancias “No Nocivas y de bajo riesgo":


·       Roundup ultra plus, glifosato 36%, 4 horas para la reentrada, es decir desde la aplicación hasta poder estar en la zona sin equipo de protección. Peligro a largo plazo crónico y tóxico para el medio ambiente acuático. Puede generar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

·      Glyfoon, glifosato 36%, El producto no es una sustancia, es una mezcla a base de Glifosato. Muy Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos y lesiones oculares graves e irritación o corrosión cutáneas.

·     Premazor turbo, glifosato 25%, plazo reentrada 4 horas. Algunos de sus componentes provocan irritación ocular grave y son muy tóxicos para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Ulceración y erosión de la mucosa oral, alteraciones cardíacas, hepáticas y renales, irritación pulmonar por inhalación y dermatitis de contacto. 

·   Valdor flex, Diflufenican 36%, provoca irritación ocular grave. Toxicidad acuática aguda, muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

·    Glimur green, Aliette WG, Spotlight y Pistolflex, cuatro sustancias más totalmente tóxicas para los organismos acuáticos y cualquier tipo de ecosistema, con efectos nocivos duraderos y que provocan graves irritaciones cutáneas y oculares y fuertes alergias.

Los tres primeros compuestos contienen Glifosato al 25% y 36%, una sustancia que cada vez más estudios relacionan directamente con la aparición de ciertos tipos de cáncer y leucemia incluso en dosis consideradas “seguras” y “legales”.

Todas las Agencias de Protección Ambiental afirman que el uso de este tipo de herbicidas pone en riesgo a especies de animales y plantas, así como sus hábitats y ecosistemas y por lo tanto afectan a la vida humana y de todo tipo de animales.

La extrema derecha política en la ciudad (PP y VOX), siempre han criticado el abandono de estos agentes químicos tóxicos para la salud de personas, animales y el medio ambiente, alegando que ralentizaba los trabajos de retirada de las malezas, considerando que el Ayuntamiento abandonaba las zonas verdes de la ciudad. Está claro que no les importa envenenar el aire que respiramos, el agua que bebemos y también el suelo que cultivamos.

Quienes defienden el empleo de estos productos suelen responder con un argumento sencillo: "Son productos autorizados." Y es cierto. Pero esa respuesta resulta insuficiente.

También están autorizados medicamentos con importantes efectos secundarios. También existen productos industriales legales cuya utilización exige estrictas medidas de protección. La verdadera cuestión no es únicamente si pueden utilizarse.

La pregunta es si deben utilizarse cuando existen alternativas mecánicas, térmicas o modelos de gestión integrada que eliminan el empleo de herbicidas químicos, aunque requieran una mayor inversión en personal o en maquinaria.  Si hay que contratar a más personas para realizar estos trabajos, hágase, la salud y la vida estarán siempre por encima de todo.


No sería una medida pionera: otras ciudades ya han reducido o eliminado estos herbicidas. Cuando se plantea limitar o eliminar el uso de herbicidas químicos en espacios públicos suele aparecer la misma objeción: "es imposible mantener una ciudad sin ellos".

Sin embargo, la experiencia de numerosos municipios españoles demuestra que existen alternativas viables cuando existe voluntad política, planificación y recursos suficientes.

Zaragoza: en julio de 2016 el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la prohibición del uso de glifosato y de cualquier herbicida de síntesis química en parques y zonas verdes municipales.

La decisión fue acompañada de la sustitución progresiva de estos productos por métodos mecánicos y manuales de control de la vegetación espontánea, en colaboración con las empresas concesionarias del servicio.

Barcelona: acordó en 2016 erradicar el uso del glifosato y otros herbicidas considerados tóxicos en espacios verdes y vía pública.

El Ayuntamiento estableció un periodo de transición para implantar métodos alternativos de mantenimiento, dentro de una estrategia de jardinería más sostenible y de reducción del uso de pesticidas urbanos.

El abandono del glifosato no ha sido exclusivo de las grandes capitales. Numerosos municipios españoles han aprobado acuerdos similares o han modificado sus contratos de mantenimiento para reducir o eliminar estos productos. Entre ellos figuran Badalona, Tarragona, Castellón de la Plana, Onda, Xirivella, Alzira, Valdemoro, Cabezón de la Sal, Fuencaliente, Planoles y nuestra propia ciudad, Valladolid los excluyó hasta la llegada del nuevo gobierno en 2023.

Ninguna de estas soluciones es jamás gratuita. Requieren más horas de trabajo y una reorganización del servicio. Pero precisamente ahí reside la decisión política: sustituir parte del gasto en productos químicos por inversión en mantenimiento y empleo. Ese es el camino.

2025/12/01

LA NECESIDAD DE UNA REVOLUCIÓN VERDE

El calor intenso está teniendo un impacto negativo en la ciudadanía, afectando de manera desproporcionada a los colectivos más vulnerables, como los niños, niñas y, especialmente, las personas mayores. En España, se estima que más de 2.000 personas murieron por temperaturas extremas en 2024, siendo el 95% de ellas mayores de 65 años. El pasado verano, cerca de 225 personas fallecieron en nuestra comunidad debido a las altas temperaturas siendo Castilla y León la tercera comunidad con mayor número de defunciones por esta causa, solo superada por Madrid y Cataluña.

En 2025, España estimó 3.832 muertes atribuibles al calor entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, un aumento del 87% respecto a 2024. De estas muertes, solo 25 fueron por golpe de calor directamente diagnosticado, la mayoría afectando a personas mayores con factores de riesgo. El sistema MoMo del Ministerio de Sanidad es el encargado de realizar esta monitorización. Con 351 fallecimientos atribuibles a altas temperaturas, 126 más que el año pasado, nuestra Comunidad registra este año, el segundo peor dato tras 2022.

La mortalidad relacionada con el calor ha aumentado un 94% en Europa desde el año 2000. Así lo indicó el informe The Lancet Countdown Europe 2024, publicado en The Lancet Public Health, que estudia el impacto del cambio climático sobre la salud. Un trabajo que analiza más de 40 indicadores que relacionan salud y clima, en el que han participado 42 instituciones.

El cambio climático no es un escenario teórico para un futuro lejano: ya está aquí y mata. La salud de las personas debería de estar en el centro de la acción climática y la prioridad de las políticas públicas debería ser la de adoptar medidas eficaces para proteger a la ciudadanía. España lidera el incremento de muertes por calor en Europa.

En nuestra ciudad como en el resto de España, no se está actuando lo suficiente. Es crucial implementar más medidas tanto de adaptación como sobre todo de mitigación. Si acudimos a los datos, estos nunca mienten. En nuestra ciudad, si comparamos las temperaturas medias anuales desde el año 2000 hasta la actualidad, veremos que algo está cambiando y la tendencia es continuar haciéndolo y cada vez más rápido.

En el año 2000 la temperatura media anual se situaba en los 12,3ºC, en 2015 subió hasta los 13ºC y actualmente está por encima de los 14,4ºC. El incremento es de más de 2º C en los últimos 25 años. Si hablamos del año actual, 2025 presenta una temperatura media de 15,8ºC hasta el momento, 3,5ºC que hace 10 años, algo impensable y muy peligroso.


Si hablamos de temperatura mínima media anual, pasamos de los 7ºC en el año 2000 a los 8,5ºC actuales.

Por último, la media de temperaturas máximas ha pasado de los 18,7ºC a los más de 20,5ºC en 2024 y las temperaturas máximas registradas de los 36,8ºC a los casi 40ºC del verano pasado, 3ºC más.

El Ministerio de Sanidad publicó en 2023 el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los efectos del exceso de calor en la salud. Este plan establece que, en Valladolid, el umbral crítico a partir del cual aumentan significativamente los riesgos de golpes de calor y la mortalidad relacionada con las altas temperaturas es de 36ºC. El pasado verano de 2024, desde el día 1 de julio al 31 de agosto, Valladolid registró 42 días en los que el termómetro estuvo por encima de los 30 grados, 23 días con temperaturas por encima de los 35 grados y 13 de esos días, superando los 37ºC. En 2025, el escenario no ha sido mejor, 37 han sido los días que han superado los 30 grados.

Además, según varias investigaciones, las mujeres tienen el doble de riesgo de morir por calor, y también las personas con menos ingresos, en parte por su mayor exposición a la inseguridad alimentaria, por sus trabajos más expuestos al aire libre y por supuesto, la gente mayor. Muchas de estas últimas, viven solas en la ciudad, sin posibilidad de desplazarse durante los episodios de calor extremo. La soledad es un factor de vulnerabilidad que no se puede pasar por alto.

Los datos no dejan duda y la respuesta debe de estar a la altura. Es necesario, por ejemplo, identificar las ubicaciones para establecer una red de refugios climáticos y su puesta en marcha. Por su puesto, encontrarse con la eliminación constante de más de 1.000 árboles en el interior de la ciudad, muchos de ellos de gran porte que ofrecían sombra, no es jamás una buena política medioambiental.

Es urgente aumentar las zonas verdes y el arbolado en cualquier ciudad.  Su impacto es positivo en el bienestar de la gente y por supuesto ayuda a la mejora del entorno y del medio ambiente favoreciendo el mantenimiento de la biodiversidad. Hablamos también de la mejora de la salud física y mental, la reducción de la contaminación, la mitigación del cambio climático y lo que es aún más importante en una ciudad, la creación de espacios para la socialización y el disfrute comunitario.

Es imprescindible la creación de nuevos parques, jardines y zonas verdes en las ciudades, asegurando que cada barrio y sobre todo el centro de las ciudades (el espacio normalmente que cuenta con menor arbolado) tengan acceso cercano a estos espacios verdes. Esto se consigue solo aumentando el arbolado y la masa forestal en la ciudad, con especial cuidado en aquellos lugares con escasa cobertura vegetal, priorizando especies autóctonas o adaptadas al clima local y con alto valor ecológico.

No podemos olvidarnos jamás de la pedagogía. El desarrollo de programas educativos y actividades comunitarias que promuevan el cuidado y la valoración de los espacios verdes e involucrar a la ciudadanía en la planificación y gestión de estos espacios, son iniciativas que han pasado de ser optativas a temas relevantes obligatorios para trabajar con todos los grupos de edad. Nos va la vida en ello y se nos acaba el tiempo. Si queremos un presente y un futuro digno y apropiado para la vida de nuestras generaciones futuras, es el tiempo de actuar.

2025/11/01

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL

La salud mental, tradicionalmente la parte más desatendida de la medicina pública, alcanza hoy un carácter casi pandémico, especialmente entre jóvenes y adolescentes, y su tratamiento se ve dificultado tanto por la falta de estrategias concretas, la escasez de una red adecuada de profesionales como por la estigmatización más o menos velada que arrastran aún los enfermos.

Basta pocos datos para comprender la magnitud de problema: el 9% de la población tiene algún tipo de problema de salud mental (el 3% de graves dimensiones); casi un 7% por ciento de los españoles sufre problemas diagnosticados de ansiedad; un 4% por ciento, trastornos depresivos; 2,5 millones de personas consumen diariamente algún tipo de psicofármacos y casi la mitad de los jóvenes declara padecer algún problema (7,3 millones).

En España, el suicidio ha tomado un cariz alarmante, convirtiéndose en una “pandemia silenciosa” que ha mostrado un incremento preocupante. Esta situación se consolidó como la principal causa de muerte no natural en 2021 y 2022, según datos del Observatorio del Suicidio en España. El INE reveló que, en 2021, 4.003 personas perdieron la vida por suicidio en el país, 4.097 en 2022, 4.116 en 2023 siendo esta cifra predominantemente masculina, con una tasa 3 veces superior al de mujeres. Lo que vienen a ser algo más de 11,3 suicidios cada día.

Un dato que resalta son las cifras de suicidios en menores de 15 años, que pasaron de 14 en 2020 a 22 en 2021 y que afortunadamente vuelve a reducirse a 12 en el año 2022 y 10 en 2023. No obstante, el grupo de 15 a 29 años sigue aumentando cada año, pasando de 316 a 333 suicidios en 2022 y 354 en 2023, estando por encima de las muertes en accidentes de tráfico.

Centrándonos en Castilla y León, en 2021 se registraron 236 muertes por suicidio, distribuidas en 168 hombres y 68 mujeres. Esto representó un incremento del 3,5% en comparación con 2020. 200 fueron las muertes por esta causa en 2023, 141 hombres y 59 mujeres y de 197 en 2024. La tendencia en Castilla y León ha fue ascendente, con un aumento constante de muertes por suicidio desde 2017 y se mantiene estable y en descenso en la actualidad.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido objetivos claros: reducir la tasa de mortalidad por suicidio en un tercio para el año 2030. Vamos tarde, una vez más. La situación ya era crítica antes de la pandemia, pero se ha exacerbado con la llegada del coronavirus. Las cifras del INE confirman las advertencias de profesionales de la medicina y psiquiatría sobre el deterioro de la salud mental debido a la pandemia, confinamientos y crisis económica que nos han afectado en los últimos años.

La importancia de las políticas públicas de salud mental es innegable. Estas políticas no solo deben centrarse en el tratamiento, sino también y sobre todo en la prevención y detección temprana. La formación adecuada de los profesionales de salud, así como el resto de grupos clave como los pueden ser los equipos docentes, trabajadores públicos y también población en general, es esencial para identificar a las personas en riesgo y proporcionarles el apoyo necesario.

La situación de la salud mental en España, y en particular en Castilla y León, es preocupante. A pesar de la creciente necesidad de atención, el sistema muestra una baja capacidad de respuesta. España cuenta con menos psiquiatras y psicólogos clínicos que la media europea, enfrentándose con pocos recursos a un pico histórico de suicidios infantiles. Recordemos las cifras del año 2021, 22 niños menores de 15 años se suicidaron, un 57% más que en 2020.

Aunque esta última cifra parece remitir en los últimos informes de 2022, no debemos olvidar que el 30% de los niños, niñas y adolescentes han tenido ideaciones suicidas, que el 14% en edad escolar tiene síntomas graves de ansiedad, un 6% de depresión y se han recibido más de 4.500 llamadas con tendencia suicida atendidas por el teléfono de la fundación ANAR en el año 2022. La cifras en Valladolid son preocupantes, 18.000 jóvenes manifiestas vivir una soledad no deseada. Una de cada cuatro personas de entre 16 y 29 años se encuentra en una situación que afecta con más frecuencia a mujeres y a miembros de hogares con rentas bajas.

La Junta de Castilla y León, por su parte, carece de un Plan de Salud Mental propio y creemos que no se puede seguir esperando por más tiempo que exista uno eficaz y actualizado más allá de una simple estrategia, para desarrollar políticas propias que combatan esta problemática. Debemos de adelantarnos y trabajar con esfuerzo. Es crucial que se tomen medidas urgentes, aunque estas comiencen siendo sencillas, para fortalecer el sistema de salud mental.

Todos estos indicadores revelan que la ciudadanía se siente vulnerable por múltiples factores, como la precariedad económica, las condiciones de trabajo, el aislamiento social (esa soledad no deseada de muchas de nuestras personas mayores), las expectativas de futuro, la presión sobre modelos estéticos y sociales ampliados por las redes sociales – especialmente, entre los más jóvenes - o, incluso, un modelo socio-cultural que ensalza las emociones como forma de relacionarse con la realidad que les rodea.

Por lo tanto, las respuestas deben de estar alejadas de miradas simplistas, la salud de las personas no entiende de colores políticos, no es de un lado ni de otro, todos y todas podemos vernos afectadas. Cierro la intervención con un último dato: 1 de cada 4 personas tendrá algún tipo de enfermedad mental a lo largo de su vida. Todos y todas tenemos en nuestros círculos personas con algún tipo de enfermedad mental y es muy posible que también, alguna persona cercana a nuestras vidas nos haya dejado antes de tiempo por no ser capaces de verlo a tiempo.

Es tiempo de ser valientes.

2025/10/01

CARTA A LOS SIN DERECHO


Hace 475 años, en Valladolid, se produjo un debate que sentó las bases de lo que hoy entendemos como derechos humanos. Fray Bartolomé de las Casas defendió con firmeza que las personas indígenas americanas eran seres humanos plenos de derecho y personas dignas de libertad y respeto.

Aquella Controversia de Valladolid de 1550, no solo cuestionó la legitimidad de la conquista, sino que dio lugar a una reflexión universal sobre la dignidad humana. Hoy, en un mundo donde resurgen discursos que niegan estos principios, su legado es más urgente que nunca.

El posicionamiento de Bartolomé de las Casas desmontó la cruel mentira de que algunos pueblos merecen ser dominados por ser “inferiores” y demostró que los derechos no son concesiones que hace el poder, sino que son y deben ser inherentes a toda persona, sin excepción alguna. Al igual que hiciera el, hoy debemos rechazar cualquier argumento que clasifique a las personas en “dignas” e “indignas”, “legales” e “ilegales”.

En 1948, las Naciones Unidas retomaron este espíritu en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Pero hoy, la extrema derecha vuelve a cuestionar estos principios con argumentos que buscan dividir nuestra sociedad diciendo que “los derechos humanos son privilegios para algunos”, que “la soberanía está por encima de la dignidad", o que “hay culturas inferiores”. No son ideas nuevas, son simplemente ideas que vienen del pasado cubiertas de un fino envoltorio de modernidad.

De las Casas defendió que la dignidad no depende de la cultura o la religión. Hoy, debemos recordar que las personas migrantes, las personas refugiadas y las minorías tienen y tenemos los mismos derechos en cualquier parte del mundo.

 

La Controversia de Valladolid no terminó en 1551, su eco resuena en cada lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y cualquier desigualdad. Frente a quienes quieren que retrocedamos en derechos, debemos reivindicar la importancia de construir sociedades donde quepamos todos y todas. Elijamos el mismo camino que Bartolomé de las Casas, elijamos el lado de la humanidad.

Nuestra sociedad lleva décadas de lucha caminando hacia la inclusión, la justicia social y el reconocimiento de la dignidad universal, pero la extrema derecha insiste una vez más en romper todos los puentes y en construir muros físicos e ideológicos, para dividir a la humanidad entre “nosotros, nosotras” y “ellos, ellas”.

Su ideología y argumentario, basado en el miedo, la exclusión y la demonización de quién es diferente, no es nueva. Sigue siendo la misma que siglos atrás justificó la esclavitud, el colonialismo y el fascismo, solo que ahora lo envuelven como la “defensa de la identidad” y la “protección de los valores tradicionales”. No nos equivoquemos, su objetivo es el mismo, erosionar y quemar la carta que contiene los principios y valores irrenunciables que costaron siglos de luchas.

La extrema derecha, trata estos derechos como un simple catálogo o listado del que se puede tachar lo que no les gusta. Niegan el derecho de las personas a migrar y buscar una vida mejor, niegan la violencia machista, atacan la igualdad de género y la lucha histórica de las mujeres feministas, como si ellas fueran enemigas de la sociedad cuando han demostrado y demuestran que siempre están dispuestas a luchar por los derechos de todas y todos.

La extrema derecha, criminaliza cada día a las personas que buscan refugio, como si tener que huir de la guerra o el hambre fuera un delito o algo ilegal. Su discurso es tramposo, desea imponer su pensamiento único y mantener sus privilegios a costa de los derechos de las demás.

Idolatran y se fotografían con fascistas y genocidas como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Javier Milei, Mateo Salvini, Giorgia Meloni, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu y Donal Trump, que no son defensores ni de la libertad ni de la democracia; son comerciantes del miedo, que usan a las personas migrantes, a las feministas, a las personas LGTBIQ+ y a las personas más vulnerables como chivos expiatorios para fabricar enemigos y enemigas.

La extrema derecha en este país es aquella que buzonea nuestros barrios y nuestras calles con publicidad vomitiva, racista y xenófoba sobre las personas migrantes, mientras los demás miramos hacia otro lado. Somos cómplices con nuestro silencio de que en nuestra ciudad se instale el discurso de odio hacia aquellas personas que llegan desde otros lugares del mundo.

Con nuestro silencio permitimos que esta basura ideológica y fascista se deposite en los buzones en vez de tirarlos a los contenedores de papel. Les aseguro que toda esta bazofia cabe perfectamente, aunque siempre estén llenos en nuestra ciudad. Esta basura es suya, y suya también la responsabilidad de tener limpia la ciudad.

Cuando una persona cercana o no, manifiesta argumentarios machistas, racistas, xenófobos y homófobos y hace política en las instituciones o en la calle vertiendo mentiras y publicidad que hace apología del racismo y del machismo, invitando a discursos de odio y a ejercer violencia institucional, lo siento, pero son personas con ideología y pensamiento fascista y seguramente simpatizantes de partidos de ideología y políticas de extrema derecha, racistas y machistas.

Ante toda esta ofensiva, no basta con la indignación. Hay que actuar. Martin Luther King afirmó: “Lo que más me preocupa no es el grito de los violentos, sino el silencio de las personas buenas". La batalla contra el discurso de odio se libra en las urnas, pero también en las calles, en las aulas y en los medios de comunicación, desmontando todas sus mentiras con datos y exigiendo responsabilidades a quienes difunden odio. Señores, señoras y especialmente a quienes son más jóvenes, tenemos la enorme responsabilidad de trazar una línea roja ante esta barbarie. No podemos permitir que este discurso tan peligroso se instale en nuestras calles y en nuestra ciudad. No se puede seguir mirando hacia otro lado, tenemos por delante una tremenda batalla cultural.

2025/09/01

UN TECHO PARA MI

El sinhogarismo representa una de las formas más graves de exclusión social y vulneración de derechos humanos. En España, más de 28.500 personas se encuentran en situación de sinhogarismo, según la Encuesta sobre Personas Sin Hogar del INE. Esta cifra, lejos de ser solo un número, refleja historias de vidas truncadas por desigualdades estructurales, crisis económicas y falta de acceso a recursos básicos como lo es una vivienda digna.

Desde un punto de vista ético, garantizar una vida digna a todas las personas es un deber inherente de cualquier sociedad que aspire a la justicia social y la equidad. El derecho a una vivienda adecuada, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no solo otorga un techo, sino también acceso a la estabilidad, la salud y la reintegración social. La falta de hogar no debería ser criminalizada ni invisibilizada, sino abordada con políticas públicas.

En la Declaración de Lisboa firmada en 2021, los estados europeos nos comprometimos a que ninguna persona duerma en la calle en el año 2030 y a que nadie viva en alojamientos de emergencia más tiempo del necesario para su transición a una vivienda. Paralelamente, este objetivo también está recogido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, del mismo modo que lo hace nuestra Constitución en sus artículos 47 donde declara el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y el artículo 10 al hablar de la dignidad de las personas como uno de los derechos fundamentales e inherentes.

Aunque el artículo 14 de la Constitución Española declara que todos y todas somos iguales sin que pueda prevalecer discriminación alguna, lo cierto es que estamos muy lejos de que este hecho sea cierto. Situaciones como el sinhogarismo nos alejan de una igualdad ante los derechos que ejercemos.

En nuestra ciudad, Valladolid, entre aquellos y aquellas que habitan temporalmente en el Albergue Municipal y quienes lo hacen en la calle sin un techo que les resguarde, hay no menos 150 personas. Esta es la cara más dura de la exclusión, la desigualdad y la ausencia de justicia social. Sin duda son las personas más vulnerables de entre las vulnerables.

Esta ciudad lleva años trabajando con las personas sin hogar. Pero es necesario aumentar el esfuerzo para no dejar a nadie atrás. Hace apenas un año le pedimos al gobierno municipal conformado por PP y VOX que dieran un paso adelante en la defensa de los derechos de las personas sin hogar. La respuesta fue negativa, ni un paso adelante para salvaguardar la integridad y dignidad de estas personas. Ni un solo euro o propuesta para no permitir que muera nadie más en la calle y ofrecer una segunda y una tercera oportunidad a aquellas personas que no tienen absolutamente nada, tan siquiera el calor humano de lo que significa un hogar.

No pedimos tanto, solo unos mínimos para garantizar en parte su derecho a vivir de manera algo más digna: ampliar el número de plazas para personas sin hogar en un espacio habilitado para tal fin, habilitar un parque de viviendas sociales para las personas en situación de sinhogarismo, garantizar la activación del dispositivo de emergencia existente por frío de manera continuada al menos desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo y por último aumentar la educación y visibilización del sinhogarismo a través de más acciones para que nuestra sociedad conozca y entienda que detrás de cada vida hay una historia que merece respeto, porque ellos y ellas también son parte de esta nuestra ciudad y como tales merecen nuestro respeto y comprensión. Como podemos imaginar, en nuestra ciudad tampoco hay vivienda de alquiler para estas personas, no tienen suficientes recursos para pagarlos y tampoco es fácil acceder a ellas debido a su situación de calle.

El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental. Pero es que, además, es un elemento fundamental para poder acceder a otros derechos imprescindibles para una persona. Disponer de un hogar es condición necesaria para acceder a derechos tan básicos como la atención sanitaria, el acceso a determinadas prestaciones sociales e incluso a derechos fundamentales como el voto, ya que sin un hogar donde empadronarse, en muchas ocasiones, es imposible cumplir los requisitos para poder ejercerlos. Si a estas dificultades añadimos todas a las que se enfrentan para acceder a los recursos municipales, está claro que habrá muchas personas que se nos van a quedar en el camino. Este hecho, facilitar el empadronamiento de estas Personas con el fin de que puedan acceder a los derechos y servicios que necesiten, debería de ser una prioridad.

Solo gracias a un hogar o recurso habitacional se puede garantizar una seguridad completa que permita desarrollar el resto de los aspectos de la vida. Esto no es una exageración, el 47% de las personas en situación de sinhogarismo en nuestro país han sido y son víctimas de algún delito de odio. El 47%.

Quienes viven en la calle tienen una esperanza de vida entre 20 y 30 años menor que el promedio, enfrentan más enfermedades graves y carecen de acceso regular a servicios sanitarios debido a la falta de tarjeta sanitaria, por lo que es urgente dejar de obviar este problema administrativo y empezar a dar soluciones inmediatamente.

Los recursos existentes son incapaces de dar respuesta. Rechacen el argumento que asegura que no existe lista de espera para acceder a estos. Cuando esta no se elabora, es evidente que no hay lista como tal, pero hay cientos de personas viviendo en silencio en nuestras calles. Si no ponemos los nombres de las personas en una lista, esta no existe. En los últimos años, además, en nuestra ciudad se pueden poner también los nombres de menores de edad en esa lista. Algo que no ocurría desde hace tiempo.

Para acceder al recurso hay que cumplir plenamente con una serie de requisitos, porque si una persona no tiene documentación y se encuentra en situación irregular, aunque quiera y necesite el recurso, no puede acceder por ser una persona migrante e indocumentada.

Tampoco aquellas personas que son mayores de cierta edad a las que también se las excluye. Si tienes problemas de salud física o alguna discapacidad como por ejemplo una movilidad reducida, problemas de salud mental o consumes algún tipo de sustancia y no estás en tratamiento, no podrás entrar y protegerte del frío. Por supuesto, nada de animales, aunque estos sean su único apoyo en su vida.

¿Somos la ciudadanía conscientes de las situaciones de vida tan complejas que tienen estas personas? Porque si no lo somos, es imposible que podamos hacer algo por cambiar sus vidas. Desconozco que gafas tenemos u usamos para ver a estas personas, pero tengo claro que no tenemos ni de lejos, la visión que ellos y ellas necesitan, y mientras esto no cambie será imposible ayudarlas. La gente se nos muere en las calles, ¿realmente nos importa?

Con todos estos palos en las ruedas, se consigue que haya más personas viviendo en la calle que en el propio recurso, que, por cierto, siempre está lleno, sin espacio. Y quienes acceden cuanto activan el protocolo en las noches más frías, que nunca son todas las personas que lo necesitan, acaban durmiendo en camastros afinados sin derecho a nada más que pasar la noche y un desayuno. Estas no son condiciones dignas. No lo son.

Párate algún día y habla con alguna de estas personas. Todas tienen nombre y una historia detrás, pero a la mayoría les gustaría tener el mismo final: “Si quieres salir de la calle tienes que luchar. La calle no es algo que guste a nadie. El día que yo salga, será un día maravilloso para mí. El poder dormir en una cama, tener un techo, poder ducharme sin tener que llenar garrafas de agua, ponerlas al sol para calentarlas. El poder echarme en una cama, sentir esa protección de las paredes de una casa, de no tener que estar vigilando quien viene y quien no viene mientras duermes, que va a pasar, que no me va a pasar. Poder cocinar mi propia comida, lavar mi ropa”. Estas palabras deberían de ser nuestra motivación para trabajar en favor de conseguir que nuestras ciudades queden vacías de personas que viven silenciadas por nuestra falta de miras y sobre todo de humanidad.


2025/08/11

UN GENOCIDIO EN DIRECTO

Tras los actos de resistencia llevados a cabo por Hamás el 7 de octubre, el Derecho Internacional así lo contempla, Israel ha iniciado una campaña militar contra Gaza. Demasiados son los líderes internacionales que han declarado que Israel tiene derecho a defenderse, pero con proporcionalidad, de acuerdo con el Derecho Internacional. Realizar esta afirmación supone desconocer cuáles son las obligaciones del Estado de Israel como Estado de la Comunidad Internacional. El derecho inmanente de legítima defensa recogido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas es en lo que se ampara Israel para llevar a cabo los bombardeos generalizados, sistemáticos, indiscriminados y continuados sobre la Franja de Gaza, así como la posterior invasión terrestre. 

Pero el problema es que Israel no puede actuar en legítima defensa contra Hamás. La Corte Internacional de Justicia ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el recurso a la legítima defensa por parte de Israel cuando conoció del asunto del muro en el año 2004. En su dictamen, la Corte señaló que el artículo 51 reconoce el derecho a la legítima defensa en caso de un ataque armado de un Estado contra otro Estado, lo que no se produce en la actual situación, en la que Israel ejerce el control sobre los Territorios Palestinos Ocupados. Hamás no es el ejército de un Estado y la Franja de Gaza es un territorio ocupado, en la medida en que además de estar sometido a un implacable embargo, es Israel quien controla de facto los puestos fronterizos, el espacio aéreo y los espacios marinos. Israel dispone de medios judiciales y policiales para perseguir el crimen de guerra cometido por Hamás. 

Pero Israel, como potencia ocupante de los Territorios Palestinos, tiene una serie de obligaciones que cumplir, y que se contemplan en la Sección III del Título III del IV Convenio de Ginebra relativo a la “protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra del año 1949.”  Entre estas obligaciones se encuentran la prohibición de destruir bienes muebles o inmuebles, el deber de abastecimiento a la población, incluyendo alimentos y medicamentos, o la de asegurar y mantener los servicios médicos y sanitarios. Todas ellas como veremos violadas.


¿Quieren los datos? los hospitales han sido bombardeados. Solo 17 de los 36 que existían siguen funcionando y solo de forma parcial, al no tener medicamentos, material sanitario o simplemente combustible para el funcionamiento normal.

Se han destruido más del 75% de los centros de salud, apenas quedan en pie alguno de los 72 que existían en la franja. En total han sido más de 700 los ataques al sistema sanitario de Gaza desde 2023. En el norte del país, nada queda en pie y mucho menos en funcionamiento. El sistema sanitario gazatí ha colapsado.

Miles de personas palestinas han sido asesinadas en los hospitales y en los centros de salud hasta el momento. En 2024 se encontraron más de 550 cuerpos en los hospitales como el Shifa, el Naser en Jan Yunis, o el Kamal Adwan en diferentes fosas comunes tras ser asaltados por el ejército israelí. Algunos de los cuerpos fueron descuartizados, quemados e incluso enterrados con vida.

Desde el 7 de octubre, más de 60.000 gazatíes han muerto en la ofensiva israelí, 18.000 son niños y niñas. 148.000 han resultado heridos, además de haber miles de cuerpos desaparecidos bajo los escombros. UNICEF ya habla de que las muertes por hambre y sed superarán a las causadas por los bombardeos durante todos estos meses. Gaza se muere de hambre por el bloqueo de Israel. En los últimos días, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado más de 100 muertes de personas palestinas por desnutrición, al menos 80 son niños y niñas. “Es posible que muchos más estén muriendo sin que se reporte”, son las palabras la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Y es que, lejos de cumplir con sus obligaciones, Israel ha establecido un régimen de apartheid en los Territorios Palestinos Ocupados, tal y como señaló el relator de este procedimiento especial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2022 y, actualmente está cometiendo un crimen de genocidio en la Franja de Gaza. Son muchas las personas expertas en materia Internacional las que afirman con rotundidad, que estamos ante un genocidio de manual, en el que se cumplen claramente el elemento subjetivo y las conductas que constituyen el objetivo del tipo. Son palabras del director en Nueva York de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que dimitió de su cargo en protesta por la inacción de la organización a la hora de detener la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza.

Así, “la intención de destruir total o parcialmente, a un grupo nacional” se desprende de las declaraciones de los líderes israelíes, que deshumanizan a la población palestina. Por su parte, los actos de “matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental o el sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial” se producen de forma continuada desde hace más de 6 meses en la Franja. 

En octubre de 2023, 9 relatores especiales de las Naciones Unidas señalaron que el pueblo palestino de Gaza se encontraba en riesgo de genocidio. El Comité contra la discriminación racial mostró su preocupación por el incremento del discurso de odio racista y la deshumanización contra los palestinos desde el 7 de octubre por agentes estatales israelíes. Este discurso podía incitar a actos genocidas.

A primeros del mes de noviembre, 8 relatores reiteraran el riesgo de genocidio en Gaza y pocos días después son ya 15 relatores y 21 miembros más del grupo de trabajo las personas que alertan y aseguran que: “se está produciendo un genocidio, y además se está incrementando la incitación al genocidio, pues es clara y manifiesta la intención de destruir al pueblo palestino bajo ocupación, fracaso del sistema internacional para prevenirlo y llaman a la comunidad internacional a poner fin al genocidio contra el pueblo palestino”.

Especialmente significativo es el recientemente presentado informe de la Relatora sobre los TPO, Francesca Albanese, “Anatomía de un genocidio¿Qué es en Derecho Internacional lo que puede catalogar como genocidio lo que ocurre en Gaza? ¿Qué es lo que dice la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio?

Manifiesta que deben de existir por un lado, el Elemento subjetivo, es decir, la intencionalidad con elementos que entrañan juicios de valor, como los que emplean los términos “inhumanos” o “graves”, y la “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

 Isaac Herzog Primer Ministro Israelí: "Toda una nación es responsable. No es cierta esta retórica de que los civiles no son conscientes, no están implicados. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos defendiendo nuestros hogares y lucharemos hasta romperles el espinazo".

 Yisrael Katz (ministro de infraestructuras): "Lucharemos contra la organización terrorista Hamás y la destruiremos. Ganaremos. No recibirán ni una gota de agua ni una sola pila hasta que abandonen el mundo".

 Yoav Galland, ministro de Defensa del Estado de Israel: “Ordené un asedio total sobre la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, lo eliminaremos todo".

  Daniel Hagari, portavoz militar: “El énfasis está en el daño y no en la precisión”.

 Benjamín Netanyahu comparó a los palestinos con los amalequitas, un pueblo que fue exterminado por Dios según la Biblia: “Debéis recordar lo que Amalek os ha hecho, dice nuestra Santa Biblia. Nosotros lo recordamos y estamos luchando".

¿Es necesario seguir probando que la verdadera intención del Estado de Israel es exterminar por completo al pueblo de Palestina? Todas estas declaraciones las han hecho de forma pública frente a las cámaras de televisión. Saben de sobra que lo que están haciendo es un genocidio, y cuentan con la indiferencia de Occidente.

Por otro lado, están las conductas que constituyen el Elemento objetivo, es decir, el conocimiento de las circunstancias. Estos son los datos que los medios de comunicación y los gobiernos de la Comunidad Internacional no reconocen, pero que no por ello, dejan de ser reales:

    Matanza de miembros del grupo y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo:

o  En el momento actual más de 60.000 personas muertas. El 80% mujeres, niños y niñas. Miles de personas desaparecidas bajos los escombros. Familias completas desaparecidas y asesinadas. Más de 148.000 personas heridas. Todos y todas ellas civiles.

o  Desde el 29 de octubre Israel descargó los primeros meses 6.000 bombas de gran magnitud por semana.

o  En los primeros 4 meses la destrucción de las ciudades fue superior a la de Aleppo entre 2012 y 2016, mayor que los bombardeos aliados sobre Alemania en la 2ª guerra mundial. Los efectos generados son visibles desde satélites y desde cualquier punto de observación.

o  “Niño herido, familia no sobreviviente”, es una nueva categoría de persona vulnerable en conflictos armados que ha sido creada como consecuencia del genocidio en Gaza. nueva forma de categorizar a aquellos menores que han sobrevivido al asesinato de sus familias.  Según UNICEF, en febrero de 2024 había ya 17.000 niños y niñas solos y solas o no acompañadas, entre las personas heridas.

o  Alrededor de 18.000 niños y niñas han sido asesinados en Gaza, el 40% del total de asesinatos, 30 a diarios ahora, pero llegaron a ser 115 cada día. Se estima que fueron asesinados más niños y niñas en las tres primeras semanas de bombardeos en Gaza que en todas las zonas en conflicto del mundo desde el año 2019.  Más de 1.000 menores han perdido una o las dos piernas.

o  El 80% de los niños y niñas presentaban elevados niveles de estrés emocional. No control de esfínteres (79%), mutismo reactivo (59%), autolesiones (59%), sentimientos suicidas (55%).

o  La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2712 del mes de noviembre de 2023, manifiesta su profunda preocupación por la interrupción de acceso a la educación y el conflicto en la salud mental de los niños y niñas.

 Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; utilización del HAMBRE COMO ARMA DE GUERRA. Israel no permite el acceso a comida ni agua, restringe y prohíbe la entrada de suministros desde la primera semana. Los niños y niñas están muriendo de hambre y desnutrición. Toda la población se encuentra en grave riesgo de hambruna, mientras los gobiernos de Occidente, Europa y también España miran hacia otro lado.

Cada día, podemos ver desde miles de kilómetros al resguardo, como el ejército de Israel ataca y asesina personas que corren desesperadas para conseguir comida. Más de 1.500 personas desde el mes de mayo de 2025. Según el Estado de Israel "la mayoría de las muertes en el reparto de ayuda se debe a estampidas". El resto de los países compramos el discurso como estúpidos y estúpidas.

La Organización Mundial de la Salud alerta de que la población de Gaza se enfrenta a elevados niveles de hambre, sin comida suficiente y elevados niveles de malnutrición.

Deshumanización, tratos inhumanos y degradantes y torturas. Ejecuciones extrajudiciales: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, asesinatos del personal sanitario, privación de agua, comida, refugio y aseo. Cuerpos mutilados, quemados y enterrados en vida.

    Destrucción de hogares y desplazamiento masivo, toda la población ha sido forzada a abandonar sus hogares. Muchos de los que no han abandonado sus hogares han sido asesinados o están en riesgo extremo de serlo, no existe lugar seguro. Para las personas hospitalizadas, la OMS declara que “es una sentencia de muerte” para las personas pacientes más graves y también para las madres y bebés prematuros.

Un último dato, al menos 200 periodistas han sido asesinados/as por los ataques israelíes en diferentes partes de la Franja de Gaza, desde el norte hasta el sur, dejando claro que no hay ningún lugar seguro para los periodistas en todo el territorio, en lo que sin duda, se trata de la mayor operación de ocultamiento de la verdad que la humanidad haya conocido. Son datos de Reporteros Sin Fronteras.

Y… ante todo lo relatado hasta ahora, un solo país en el mundo, Sudáfrica, la Sudáfrica del Apartheid pero también de Nelson Mandela, fue la primera en hacer frente a su obligación de prevenir el genocidio, acudiendo a la Corte Internacional de Justicia iniciando un procedimiento contra Israel por violar sus obligaciones en el marco de la Convención al que pronto se sumaron como intervinientes Libia, Colombia y Nicaragua.

Ante la exposición de los elementos objetivos y subjetivos anteriormente ya descritos en este texto, podemos asegurar que “estos hechos y las circunstancias, son suficientes para concluir que estamos ante un claro caso sobre el derecho de los palestinos y palestinas de Gaza a ser protegidas de actos de genocidio”.

Para el cumplimiento del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

No ha sido hasta julio de esta año 2025, cuando el Gobierno de España ha firmado una declaración conjunta para solicitar un alto al en la franja de Gaza que acabe con el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina y el levantamiento del bloqueo y la entrada incondicional de ayuda a Gaza, como exigen las resoluciones 2712 y 2720 del Consejo de Seguridad de la ONU y en diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Casi dos años ha tardado nuestro gobierno en dar este paso, cuando podía y debería de haber sido el promotor de este.

Pero todo esto no es suficiente, nuestro gobierno llega tarde por falta de valentía. Hace meses que el Gobierno de España, debería de haber roto cualquier tipo de relación diplomática, institucional, económica, cultural y deportiva con el Estado de Israel. Y debería de estar presionando para que le fueran impuestas sanciones políticas, económicas, diplomáticas y otras contramedidas lícitas, en particular el embargo militar integral bidireccional, y la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel que incluye la cláusula de respeto de los derechos humanos como un elemento esencial del acuerdo. Es increíble que España y Europa sigan mirando hacia otro lado y se estén lavando las manos ante tal genocidio de todo un pueblo. Nunca se ha hecho tan poco para la defensa de un pueblo y la condena de otro y su gobierno asesino. El actual Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y todo su Gobierno deberá ser juzgado por todos los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos contra el pueblo palestino. ¿Lo veremos? No lo creo. La Justicia y más la Justicia Internacional no existen para los pueblos más pobres y oprimidos.

Lejos de todo esto, nuestro Gobierno ha mentido a la población española. Durante meses negó mantener contratos de armamento con Israel, como también negó que España fuera puerto para el paso de ida y vuelta desde Israel de todo tipo de armamento. Somos parte de todo el problema. “El Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023 hasta el momento actual”, este es el dato que no podremos negar jamás.

¿Qué nos queda? ¿salir a las calles para seguir gritando Palestina libre? Nuestro país hace mucho que ha perdido la conciencia social de lo que es o no permisible en nuestro mundo. Estamos más preocupados de donde pasaremos las vacaciones, del siguiente festival o simplemente de donde vamos a cenar esta noche. No podemos culparnos, es lo que hemos aprendido todos estos años. Jamás tuve una sola clase o parte de una asignatura que nos enseñara que son los derechos humanos y lo que costó conseguirlos. Tampoco lo que es luchar por ellos y mejorar la vida de las personas. Hemos invertido el tiempo en la individualidad, en llegar lejos de manera personal y nos hemos olvidado de lo colectivo, de lo humano, de la fraternidad entre los pueblos.  

Aun así, quienes más poder tienen, son quienes menos están haciendo y van a hacer. Nos queda la protesta social en las calles. Conseguiremos parar este genocidio entre todos y todas, pero se colgarán las medallas, una vez más, algunos lideres mundiales, entre ellos, nuestro gobierno. Me temo que el genocidio continuará hasta el final, mientras miramos nuestra televisión expectantes y quizás reflexivos sobre, quienes serán los siguientes. Si hay algo que puede ser seguro, es de que esto no va a parar aquí.