ª "Fue a partir
del ejercicio anual del año 2008 cuando el porcentaje aumentaría hasta el 0,7%,
desapareciendo así el complemento que el Estado asignaba a mayores”.
ª “La
institución recibe aportaciones del Estado gracias a los acuerdos con el Vaticano, renovados progresivamente en el tiempo al
alza desde 1975. Además también aportaciones de distintos Ministerios y de las propias Comunidades Autónomas”.
ª "Los datos
están claros. Por más que en radio, prensa y televisión se empeñen en hacer
campañas a favor de la “X” solidaria a favor de la Iglesia”.
El
origen histórico del Óbolo de San Pedro se remonta a
finales del siglo VIII, cuando los
Anglosajones se convierten al Cristianismo y como signo de unión con el Obispo
de Roma deciden enviar de manera estable una contribución al Santo Padre. Así
nace el “Denarius Sancti Petri” la limosna de San Pedro, que pronto se difundió
por el resto de Europa, costumbre que fue regulada en 1871 por el Papa Pío IX
en la Encíclica “Saepe Venerabilis”. ¿Qué
ocurre en España actualmente? Según acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede en 1979 en asuntos económicos (publicado en BOE de 15 de Diciembre), “La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los
recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuándo fuera
conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir
los sistemas de colaboración financiera”. Por lo tanto, es la propia institución
la que debería financiarse de forma completa sin tener que acudir al dinero del
Estado, es decir… que en cierto modo incumple uno de los acuerdos suscritos con
el Estado Español, y a su vez con toda la ciudadanía. ¿Quién va a pedirle a la
Iglesia (como institución) después de tantos años ayudada por el Estado que
renuncie a ello?
¿Fines
sociales, iglesia, ambas o ninguna? Estas son
las cuatro opciones que se plantean en la declaración de la renta en cuanto a
la asignación que realizamos del IRPF. Las opciones están claras, lo que no
queda demasiado claro es donde irá destinado el dinero una vez hayamos marcado
o no alguna de las opciones. Cada uno de nosotros y de nosotras decide donde
destinar su porcentaje de la cuota íntegra (antes de aplicar las retenciones y
deducciones), a saber:
· Entidades sociales; para las
cuales se destinaría el 0,7%. De los fondos recaudados, el dinero de la
asignación de actividades de interés social lo distribuye el Estado mediante
convocatorias públicas de subvenciones a través de tres Ministerios, de acuerdo
a los siguientes porcentajes: el 77,22% para el Ministerio de Sanidad, el 19,3%
para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se destina a
proyectos de cooperación en países en desarrollo a través de la Agencia Española De Cooperación
Internacional (AECID) y el 2,85% para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
· Iglesia; el dinero recaudado mediante
esta opción (también el 0,7%) va directamente para “su sostenimiento económico”, y es la propia institución la que
decide en que lo utiliza. Más adelante hablaremos sobre este tema.
· Ambas opciones; es la gran
desconocida hasta ahora, en este caso nuestra aportación se doblará. Se
destinará un total 1,4%: 0,7% para la Iglesia y otro 0,7% para Fines Sociales.
· Ninguna; por lo que el 0,7% pasa
directamente al Estado integrando así la cuantía a los Presupuestos Generales.
Desde 1978 la Iglesia recibe del Estado Español una dotación con
cargo a los presupuestos generales. En 1988 se articuló una asignación
tributaria para la Institución Religiosa (solo la Católica recibe esta
asignación) consistente en el 0,5239% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta cuantía anual, nunca
cubrió sus “necesidades” por lo que se tuvo que implementar con un
complemento estatal a cargo de los propios presupuestos generales. Fue a partir
del ejercicio anual del año 2008 cuando el porcentaje aumentaría hasta el 0,7%, desapareciendo así el complemento que el
Estado asignaba a mayores para cuadrar las cuentas.
Adicionalmente a estas
cantidades, la Iglesia recibe otras con cargo a los presupuestos generales del
país (memoria de 2019):
· Personal laboral docente de
religión y otros cargos religiosos. Donde el Estado aporta aproximadamente 100 millones de euros anuales para pagar los
sueldos de 35.294 profesores y profesoras de religión, más de 17 millones en sueldos para capellanes
de cuarteles, hospitales y cárceles.
· Conciertos educativos, ya que
existen en España 2.433 (año 2019)
centros escolares concertados
(más del 80% de los centros privados) con más de un millón y medio de alumnos y
alumnas y más de 106.000 profesores/as (los
cuáles acceden sin oposición, no lo olvidemos). Un total de más de 3.700 millones de euros. Sumemos a esto
las 15 Universidades de inspiración
Católica con más de 118.000 alumnos y alumnas en sus aulas.
· Exención de impuestos, en los
cuáles no se les da asignación pero tampoco pagan nada y por lo tanto se
ahorran anualmente alrededor de 2.000
millones de euros según datos y fuentes de “Europa Laica”.
· Las ayudas directas para el sostenimiento de su Patrimonio Artístico
e inmobiliario 3.290 bienes de tipo
cultural en total. 62 millones de
euros en el año 2019. Pongamos el ejemplo de la Catedral de León, como todas, es propiedad de la Iglesia. Sin embargo,
quienes se encargan de su conservación y restauración son las instituciones
públicas, desde la Junta de Castilla y León a la Diputación de León, el
Ayuntamiento de la ciudad y el Ministerio de Educación y Cultura, además de
algunas organizaciones privadas.
· La desgravación
de los donativos, ya que las donaciones a la Iglesia desgravan un 80% los
primeros 150€ y un 35% a partir de ahí del IRPF en el caso de personas físicas,
y un 35% del impuesto de sociedades si se trata de empresas. Pero el Estado
benevolente en este caso devuelve a los fieles el 80% y el 35% respectivamente, al igual que hace con las
aportaciones a ONG´s, salvando que la Iglesia no lo es.
Por lo
tanto si realizamos la suma total de lo que aproximadamente recibe la Iglesia
en asignaciones del Estado, quedaría de la siguiente manera:
Estos
son por supuesto, cálculos aproximados (realizados
con lo expuesto anteriormente) fruto de la investigación, con datos que se
aportan en la “Memoria
de Actividades Anuales de la Iglesia Católica en 2019” y otros documentos y fuentes de carácter público. En algunos
artículos las aportaciones llegan hasta los 10.000 millones de
euros anuales. Si teóricamente debiera por
decreto y acuerdo, además de Dogma propio de la propia Institución, auto
financiarse con sus propios recursos… algo se está haciendo mal.
En 2007 bajo presión de la Unión
Europea, Iglesia y Estado pactaron eliminar la exención del IVA de la Iglesia
Católica en la “adquisición” de bienes inmuebles. Se mantienen no obstante la exención de pago en la renta, el
patrimonio, el IBI, las donaciones y las transmisiones patrimoniales, por
las que la institución, gracias a estos privilegios, no aporta ni un solo euro.
La
institución recibe aportaciones del Estado gracias a los acuerdos con el Vaticano, renovados progresivamente en el tiempo al
alza desde 1975. Además también aportaciones de distintos Ministerios y de las propias Comunidades Autónomas. Todo esto hace
que prácticamente sea imposible conocer los ingresos finales y totales con que
el Estado dota a la Iglesia anualmente.
Pero
vamos un paso más allá. En las diferentes memorias de actividad, la institución
introduce también los datos referentes a los gastos y la asistencia que “Cáritas” y “Manos Unidas” (pertenecientes a la Iglesia), ofrece a
la sociedad. Nadie duda que el trabajo de Cáritas se ha multiplicado al alza en
estos últimos años, y que su trabajo es inestimable para este país, que ha
visto en esta entidad el último recurso para seguir adelante. Pero analicemos
bien los datos y descubramos que hay en realidad de cierto en la información
que se aporta.
En
el último ejercicio como vimos anteriormente (2019), fueron 206 millones de euros la aportación a la Iglesia mediante la
declaración de IRPF, destinados al Fondo Común Interdiocesano. Para ser más
claros, es el dinero que financia únicamente la estructura formal de la
Iglesia: sueldos y seguridad social de
sacerdotes y obispos, actividades pastorales, Conferencia Episcopal y a “otras actividades
asistenciales”. La cúpula de del Obispado
administra aproximadamente unos 50
millones de euros y el resto (hasta los 206) se reparte entre las 70 diócesis en que está dividido el
país (69 territoriales y 1 castrense,
dependiendo del número de sacerdotes existentes en cada una).
Dejemos
claro que el dinero proveniente del IRPF es tan solo el 25% (aproximadamente) de todo el que disponen las diócesis: de 1088 millones en 2019, la mayor parte proveniente de
donativos.
¿Cuánto de esto se destina a Cáritas? Las ONG de la Iglesia apenas se benefician de este fondo, sino
que obtienen parte de lo que recauda en la casilla del IRPF de “Fines Sociales”. En el último
ejercicio conocido, sabemos que la aportación de la institución ha sido
aproximadamente de tan solo 6.700.000 de
euros, tan solo el 3% del total
recaudado si hacemos cuentas con lo recogido por el IRPF (229
millones), y de un 0,6% si
ponemos como ejemplo lo recogido en total en 2019 (1088 millones).
En el
libro de la Conferencia Episcopal sobre la financiación, se muestra la labor de
Cáritas como “…ejemplo del ahorro que la
Iglesia supone para el Estado al realizar tareas de apoyo a las clases más
desfavorecidas”. Nos haría un grato favor, si aportaran toda la información
y en honor a la verdad nos mencionaran realmente de donde consigue los fondos
para desarrollar su inestimable trabajo.
Y…
¿quiénes forman Cáritas? De un total de 85.506
personas, 80.182 son de carácter
voluntario y 5.324 son trabajadores contratados de la propia entidad. Esto
es lo que nos cuenta su página web. Lo
que no desgrana es que más del 80% de las
personas voluntarias son de carácter laico y algo menos del 5% son sacerdotes y religiosos. Del 15%
restante no se tienen datos.
¿Qué
se deduce de todo esto? Tanto el voluntariado como la financiación de las ONG
pertenecientes a la Iglesia, está soportado
por las diferentes aportaciones de la gente que se siente parte de la misma
(hablamos de comunidad, no institución).
Pero claro, el argumento chocaría de frente con la idea preconcebida de que
financiar a la Iglesia (como institución) es fundamental para mantener la de
Cáritas, ya que como podemos comprobar su aportación económica es casi
insignificante.
Los
datos están claros. Por más que en radio, prensa y televisión se empeñen en
hacer campañas a favor de la “X” solidaria a favor de la Iglesia para financiar
la ayuda a Cáritas y otras actividades de carácter solidario, tengamos bien
presente que marcar esta opción no servirá para que nuestro pueblo, nuestras
familias y las de nuestras personas más cercanas, golpeadas por la pobreza y en
riesgo de exclusión social, pueden verse beneficiadas. Puestos a cambiar las
cosas, con el dinero que el Estado aporta a la educación concertada, ¿no podrían abrirse más colegios públicos y
contratar a más profesorado para mejorar la calidad de nuestro Sistema Público
de Enseñanza? Ya que se destinan millones para la conservación de nuestro
patrimonio cultural, dineros que salen del bolsillo del contribuyente, ¿no sería más adecuado que pertenecieran
al Estado, al País y a su ciudadanía, y que el dinero cobrado de las entradas
fuera destinado para engrosar las “arcas del Estado” y el mantenimiento de las
mismas?
Si la
Iglesia quisiera predicar con el ejemplo de austeridad y que su voto de pobreza
tuviera más sentido, ¿cómo entender que
posean más bienes
inmobiliarios a su disposición que el propio Estado? ¿No sería más adecuado que
la Iglesia cediera todos estos bienes al Estado para el uso y riqueza de los
ciudadanos?
No
hace falta decir que ya hace siglos que la Iglesia está del lado de la
aristocracia (las grandes familias de España) y la más alta oligarquía del país
que ostenta el poder, hasta el punto de incluso estar por encima de ellos.
Siempre han sabido bien con quién debían de “casarse”
para mantener sus privilegios e incluso, intentar recuperar alguno de los
que le fueron expropiados (las
denominadas “manos muertas” en el siglo XIX). En estas, tienen hasta la
osadía de opinar que se deberían devolver a la Iglesia para obtener más
ingresos y poder así, destinarles a sus fines. Una posible respuesta a esta
reflexión sería plantearles la siguiente pregunta:
¿Y si más bien se devolvieran todas las propiedades a nombre de la
Iglesia en favor del Estado o… se hiciera pagar todos los impuestos que pesan
sobre la totalidad de los mismos, incluyendo todos los años no pagados (al
menos) desde 1978, más los intereses por demora? Quiero imaginar que el rostro de los representantes de Dios en la
tierra, a la más alta Curia de este país, se les quitaría esa sonrisa de
prepotencia que podemos adorar y
contemplar en los medios de comunicación todos los días. Hagan sus apuestas…
